Integrantes del grupo de Sitilpech y la agrupación Kanan Derechos Humanos, A.C., decidieron no participar en la convocatoria de una mesa de diálogo convocada por la empresa Productos Pecuarios para el Consumo.
La empresa convocantes es propietaria de la granja porcícola establecida en dicha comunidad de Izamal desde 2017 e integrada por autoridades gubernamentales, representantes de cámaras empresariales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
En este ejercicio plural encaminado a lograr acuerdos y soluciones pacíficas, estuvieron presentes Jaime García Olivar, representante de la granja porcícola “Kancabchén II”; Fernando Rosel Flores, subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado; Genoveva Bentata Morcillo, asesora del Ayuntamiento de Izamal; los empresarios Alí Charruf Álvarez, representante de la Canacintra, y Emilio Blanco del Villar, por la Coparmex.
Por la Secretaría de Gobernación de la Federación asistieron Eliseo de la Rosa, José Luis Fonseca, Carlos del Arte, José Tun y Julián Villanueva. También estuvieron presentes Rodrigo Hernández Segura, secretario técnico de la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad Región Valladolid, y Sergio Uribe, por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).
Los ausentes
Al hacer uso de la palabra García Olivar lamentó que de nueva cuenta el grupo manifestante y la agrupación de Kanan Derechos Humanos, A.C., se cierren a dialogar.
En esta ocasión lo hicieron al ausentarse a una mesa abierta y formal para que todas las partes sean escuchadas y establecer puntos de conciliación.
Desde un auditorio de la Universidad Tecnológica del Centro (UTC) en Izamal, recordó que previamente, a través de medios de comunicación y redes sociales, la empresa hizo público un primer llamado al diálogo y la paz social, sin obtener respuesta del colectivo o de la asociación civil que los asesora en el caso.
Reiteró que existen dos mandatos judiciales a favor de que la instalación pecuaria pueda operar con total legalidad; la primera desde el 9 de enero pasado con la resolución del juez y la segunda cuando tras interponer un amparo por integrantes del colectivo, la juez remarcó que no pueden bloquear los accesos a la granja ni las vialidades.
En su intervención, Rosel Flores afirmó que en Yucatán es fundamental que prevalezca el Estado de Derecho para garantizar los acuerdos pacíficos necesarios que beneficien la interacción entre la compañía pecuaria y el grupo de la comunidad.
Asimismo, Eliseo de la Rosa, de la Segob federal, agradeció la invitación a dicho foro y destacó la disposición de entablar un acercamiento para exponer ideas por parte de la empresa porcícola.
En lo que respecta a la iniciativa privada, Alí Charruf, de la Canacintra, señaló que se necesita agilizar los procesos para no perder fuentes de empleo, atender a los mercados que dependen de la actividad y garantizar los derechos de los inversionistas en la entidad.
Emilio Blanco, por la Coparmex, agregó la importancia de que la granja cumpla con toda la normatividad, una vocación productiva que brinde puestos de trabajo, que se respeten las resoluciones de los jueces, y que esto no dañe la certidumbre que respalda a Yucatán como un polo para las inversiones y desarrollo económico.
Por el Ayuntamiento de Izamal, Bentata Morcillo se pronunció a favor de que se intente restablecer la armonía mediante el diálogo.
Finalmente, los asistentes coincidieron que el diálogo debe ser la vía adecuada para el entendimiento y la clave para alcanzar el consenso entre las partes.
Fuentes: Diario de Yucatán.
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