Por Luis Carmona.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció recientemente su intención de viajar a Palestina con el fin de impulsar una iniciativa humanitaria que permita a México ofrecer asilo a niños huérfanos a causa del conflicto en Gaza. La propuesta ha despertado un debate nacional sobre la viabilidad de llevar a cabo esta medida en un país que atraviesa serios problemas internos, particularmente en los sectores de salud y educación.
“No podemos quedarnos cruzados de brazos ante el sufrimiento de estos niños”, declaró Noroña.
No obstante, más allá de las buenas intenciones, expertos y ciudadanos han cuestionado la pertinencia de traer menores extranjeros al país cuando millones de niños mexicanos enfrentan condiciones de abandono estructural en servicios básicos como salud y educación.
Un sistema de salud rebasado y desigual
México enfrenta una crisis sanitaria profunda. Según datos oficiales, más de 50 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud, una cifra que ha crecido considerablemente en los últimos años. En 2025, el presupuesto destinado al sector sufrió un recorte del 34 %, lo cual ha impactado negativamente la capacidad de atención en hospitales públicos, particularmente en zonas rurales y marginadas.
El país presenta además altas tasas de enfermedades crónicas: México es el país de la OCDE con mayor prevalencia de diabetes, y más del 70 % de su población adulta vive con sobrepeso u obesidad. La escasez de personal médico y la infraestructura deteriorada han obligado a más de la mitad de la población a recurrir a servicios privados, encareciendo aún más la atención.
“Traer a menores en situación de vulnerabilidad desde una zona de guerra implica un compromiso de atención integral que, hoy por hoy, México no puede garantizar ni siquiera a sus propios ciudadanos”, afirmó una fuente del sector salud consultada por este medio.
Educación en retroceso: aulas vacías y techos rotos
En el ámbito educativo, el panorama no es más alentador. Durante el último ciclo escolar, más de 310,000 estudiantes abandonaron la primaria en México, una cifra alarmante que ha encendido alertas en el sistema educativo. A esto se suman graves carencias de infraestructura: cerca del 40 % de las escuelas públicas operan sin agua potable, ventilación adecuada, servicios sanitarios o acceso a internet.
Además, México ha sufrido un retroceso en la movilidad educativa. Solo el 67 % de los jóvenes logran alcanzar o superar el nivel educativo de sus padres, un descenso respecto al 72 % registrado en 2016.
A nivel emocional, los efectos de la pandemia siguen haciendo mella: el 35 % de los adolescentes reporta ansiedad, estrés o tristeza crónica, mientras los programas de atención socioemocional siguen siendo escasos o inexistentes en las escuelas públicas.
Solidaridad, pero con los pies en la tierra
Si bien la propuesta de Fernández Noroña se fundamenta en un gesto de solidaridad internacional y empatía humanitaria, muchos cuestionan la falta de planeación y realismo detrás de la iniciativa.
“México debería primero garantizar una vida digna a los niños indígenas sin acceso a salud, a los menores con desnutrición en la Sierra Tarahumara o a los jóvenes que caminan kilómetros para asistir a clases”, opinó una docente del estado de Oaxaca que prefirió mantenerse en el anonimato.
Otros sectores consideran que el gobierno podría colaborar en la causa palestina mediante donaciones, ayuda humanitaria o mediación diplomática, sin recurrir a una acción que requiere enormes recursos logísticos y sostenimiento a largo plazo.
La propuesta de traer huérfanos palestinos a México ha tocado una fibra sensible en la conciencia social del país, pero también ha expuesto con crudeza las limitaciones internas del Estado mexicano. Mientras millones de niñas y niños mexicanos continúan enfrentando un sistema deficiente, excluyente y colapsado, la prioridad nacional debe centrarse en reparar primero la casa antes de abrirle la puerta a nuevos huéspedes.
