Ocho ex alcaldes de Yucatán, en la mira por daño patrimonial

Las autoridades municipales del trienio de 2021-2024, deben subsanar las irregularidades que fueron detectadas por la ASEY en la Cuenta Pública 2023.

Se agota el tiempo para que ocho ex alcaldes de Yucatán del trienio 2021-2024 subsanen las irregularidades en la Cuenta Pública 2023, de lo cual ya tomó conocimiento el Congreso del Estado.

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), Rubén de Jesús Arjona Ortiz, declaró que en breve se deberán determinar las acciones legales a seguir en contra de ocho ex autoridades que resultaron con una posible afectación a la hacienda pública y cuyos resultados de auditoría formaron parte de la primera entrega de informes individuales de fiscalización de la Cuenta Pública 2023.

En julio de 2024, la ASEY entregó al Congreso del Estado el primero de tres informes de resultados de la Cuenta Pública correspondiente al año 2023, aplicado a un total de 12 municipios, de los cuales, ocho resultaron con observaciones por presunto daño patrimonial.

Dichos municipios fueron: Abalá, que resultó con daño patrimonial por 307 mil 151.44 pesos; Chichimilá, con daño por 191 mil 950.12; Chocholá, con una afectación al erario por 237 mil 600 pesos; Sacalum por 274 mil 612.11; Samahil, por 496 mil 415 pesos; Sucilá, por 550 mil 753.20; Tixkokob, por 399 mil 040 pesos; y Umán, 32 mil 400.

Arjona Ortiz declaró que los ex alcaldes en cuestión han estado acudiendo dentro de los plazos establecidos para ello en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán a responder por dichas observaciones y precisó que próximamente se determinarán, en su caso, las acciones legales a emprender en contra de los ex alcaldes que no logren solventarlas.

“Debemos estar comunicando en marzo el resultado del primer bloque correspondiente al año 2023 que se presentó al Congreso local en julio pasado. En ese momento informaremos si los municipios que presentaron
observaciones ya las solventaron, si se promueve un procedimiento de responsabilidades a través de sus
órganos internos de control y/o se interpone denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán”, concluyó.

Fuentes: Novedades Yucatán.