Tres personas imputadas por delitos contra la biodiversidad evitarán, por ahora, un juicio penal, al comprometerse a ejecutar un programa de restauración ecológica.
La resolución fue emitida tras una audiencia realizada el 14 de abril, en la que se concedió la suspensión condicional del proceso a Jorge “N”, Felipe “N” y José “N”, señalados por su participación en la afectación de flora protegida en una superficie de 4.3 hectáreas.
El caso se originó a partir de una denuncia interpuesta en febrero de 2025 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo que dio paso a una investigación de la Fiscalía General de la República a través de su área de control regional.
Según las indagatorias, en la zona se llevó a cabo la remoción de vegetación característica de ecosistemas costeros, incluyendo duna, matorral y manglar. Entre las especies afectadas se encuentra el mangle botoncillo, catalogado como protegido conforme a la norma ambiental vigente.
Plan de restauración ambiental
Como parte del acuerdo, los implicados deberán implementar un programa de reforestación que contempla la siembra de 1,200 plantas por hectárea, lo que equivale a 4,800 ejemplares en un polígono de poco más de 40 mil metros cuadrados.
A fin de asegurar la supervivencia de la vegetación, se estableció un margen adicional del 20%, elevando la cifra total a 5,760 plantas. Esto implica que cada uno de los responsables deberá encargarse de sembrar y dar mantenimiento a 1,920 ejemplares.
Las especies seleccionadas son propias del ecosistema costero y incluyen mangle botoncillo, palma chit, uva de mar, anacahuita, riñonina, verdolaga de mar y altanisa de mar, todas clave para la recuperación del entorno.
Supervisión y condiciones
El cumplimiento de estas medidas será supervisado por la Profepa e incluye jornadas semanales de trabajo, con actividades que van desde la plantación hasta el mantenimiento y seguimiento técnico del área intervenida.
La suspensión del proceso tendrá una duración de cinco años, periodo durante el cual los imputados deberán cumplir diversas condiciones: mantener un empleo lícito, residir en el domicilio registrado y someterse a revisiones periódicas por parte de la autoridad ambiental.
Además, deberán desarrollar una campaña de concientización que incluye la elaboración de materiales audiovisuales para difundir el impacto de los delitos ambientales y sus consecuencias legales.
En caso de incumplir con cualquiera de los compromisos establecidos, el proceso penal podría reactivarse, con sanciones que contemplan penas de prisión conforme al Código Penal Federal.
Contexto y acciones adicionales
Las autoridades señalaron que las actividades detectadas no solo dañaron el ecosistema, sino que también abrieron la puerta a posibles desarrollos irregulares en una zona ambientalmente sensible.
Desde la intervención inicial en 2025 —que incluyó la clausura de predios y la detención de procesos de lotificación— se han impulsado acciones de coordinación entre instituciones para proteger la franja costera.
Entre ellas destacan acuerdos para resguardar la Zona Federal Marítimo Terrestre y talleres comunitarios orientados a diseñar estrategias de restauración.
De forma paralela, también se han implementado medidas de apoyo social en la comunidad, con acciones dirigidas al sector pesquero, mejoras en infraestructura y programas de limpieza, buscando equilibrar la conservación ambiental con las necesidades de la población local.
Redacción: Yucatánalamano.
