Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos apunta a que un militar de alto rango mexicano negoció para la llegada de drogas de Colombia.
Un oficial de alto rango militar mexicano supuestamente negoció con el crimen organizado de Colombia para la llegada de cargamentos de cocaína durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se desconoce la identidad del militar que presutamente negoció para favorecer el narcotráfico de Colombia; sin embargo, la información apunta que al menos de agosto de 2017 a septiembre de 2018, el crimen organizado del país mandó miles de kilos de cocaína a México para posteriormente trasladarlo a Estados Unidos.
Esta información surgió a finales de abril, luego de que condenaran a 12 años de prisión a Fabián Humberto Tovar Caicedo, quien fuera sargento del Servicio de Inteligencia del Ejército Nacional de Colombia.
Tovar Caicedo colocaba policías dispuestos a facilitar la exportación de cocaína en el Puerto de Santa Marta a cambio de dinero o remuneraciones, además de que le aconsejó a la célula delictiva la compra de teléfonos similiares a los que utiliza la Adminsitración de Control de Drogas de Estados Unidos.
Además, otro de los aspectos por los que se declaró culpable al militar colombiano fue por intentar vender una lista de cooperadores de la DEA al narco colombiano, que hacía cargamentos de mil a 10 mil kilos de cocaína.
¿AMLO mantiene la misma estrategia de la ‘guerra contra el narco’ de Calderón?
EFE
El análisis de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el colectivo Guacamaya, revelan que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantiene las estrategias de la llamada “guerra contra el narco” pese a negarlo.
El informe “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”, realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta y publicado este martes 24 de mayo, analiza la base de datos que las autoridades mexicanas recopilan acerca de los eventos de violencia y homicidios que consideran vinculados al crimen organizado y su combate entre 2017 y 2020.
A partir del estudio de dicha base de datos, que no es de dominio público y que las organizaciones recopilaron a partir de los miles de correos filtrados el año pasado en el hackeo conocido como “Guacamaya Leaks”, se desprende la perspectiva que el Ejército tiene de la lucha contra el narcotráfico, sus sesgos y sus negligencias.
“López Obrador dijo el 30 de enero de 2019 que oficialmente ya no había guerra (contra el narco). Sí la hay, y se maneja muy similar a los sexenios anteriores”, afirmó en una conferencia de prensa Alicia Franco, coordinadora del equipo de datos de Data Cívica.
El mandatario mexicano ha insistido que él aplica una política de “abrazos, no balazos” y que su estrategia contra el crimen organizado se fundamenta en políticas sociales.
En el 98.9 por ciento de los 58 mil 183 hechos violentos registrados en el país y recopilados en el informe, en los que murieron 70 mil 898 personas, las autoridades reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, a pesar de no tener información suficiente para clasificarlos así.
Al considerar que entre 2017 y 2020 hubo 130 mil 583 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), significa que el Gobierno atribuye el 54.2 por ciento de ellos a la lucha contra el narcotráfico.
Solo en el 5.4 por ciento de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima; en el 52.6 por ciento se anotó su nombre; en el 73 por ciento se incluyó el calibre del arma empleada; y en el 22.3 por ciento se reportaron acciones de seguimiento legal.
La información sobre los eventos, de por sí escasa, disminuye aún más cuando es resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon.
Entonces, el nombre de la víctima tan solo aparece en el 36 por ciento de los casos, y el calibre y el seguimiento legal en el 8 por ciento.
“Cuando están presentes (las autoridades), el reporte empeora. Y si reconocen que emplearon armas de fuego, es aún peor”, lamentó Franco.
Con esta ocultación de información, continuó la coordinadora de Data Cívica, las autoridades criminalizan a civiles y justifican, minimizan o encubren la participación del Estado en sucesos violentos.
Siguiendo esa estrategia, incide el informe, los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron 11 puntos porcentuales durante el sexenio de López Obrador, pese a que solo hay información de sus dos primeros años en el poder.
“Se ha apostado por una política de guerra y estos diagnósticos nos dicen que (las autoridades) tienen que sustentar la idea de que las Fuerzas Armadas estén en la calle”, valoró Mónica Meltis, directora de Data Cívica.
Continuación de sexenios anteriores
Las organizaciones consideraron que esta base de datos es una continuación de la que recopilaron en anteriores sexenios los presidentes Felipe Calderón (2006-2012), quien declaró la llamada “guerra contra el narco”, y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Está información, ahondaron, es la base de las estrategias de seguridad pública de López Obrador.
“La base de datos es la misma, la misma categorización estigmatizante, e incluso se ha profundizado”, subrayó Meltis.
Fuente: El Financiero
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