Así lo informó la presidenta del organismo, Claudia González Góngora, tras un encuentro reciente con legisladoras y legisladores.
La dirigente empresarial explicó que durante la reunión presentaron un análisis sobre la carga fiscal actual en la entidad, donde —recordó— Yucatán figura entre los siete estados del país que aplican la totalidad de los impuestos estatales permitidos, además de ubicarse entre los que mantienen las contribuciones más elevadas.
De acuerdo con los datos expuestos por el CCE, la recaudación estatal pasó de 4,077 mdp en 2019 a 7,530 mdp en 2024, lo que implica un aumento de más del 84%. En recaudación per cápita, la entidad cerró 2024 en $1,432, una cifra menor al promedio nacional de $1,586.
González subrayó que, bajo estas condiciones, el sector privado considera inviable cualquier incremento o la creación de nuevos cobros:
“Con la situación económica estable que reportan las autoridades, no vemos necesidad de subir impuestos”, afirmó.
Diputados firmarán compromiso formal
Durante la reunión, los coordinadores parlamentarios manifestaron su disposición a suscribir un documento en el que se comprometan a votar en contra de cualquier iniciativa que implique nuevos gravámenes o ajustes al alza durante el ejercicio fiscal 2026.
Este acuerdo, señaló la dirigente, representa un respiro para las empresas, que ya enfrentan un panorama complicado por la caída en el consumo, los impactos de la renegociación del T-MEC, las nuevas obligaciones laborales y el incremento anual del salario mínimo. A ello se suma el ajuste del IEPS a bebidas azucaradas, que “finalmente termina trasladándose al consumidor”.
La empresaria recordó que aún están en discusión iniciativas como la jornada laboral de 40 horas y el aguinaldo de 30 días, que podrían detonar mayores costos operativos el próximo año.
Otro punto clave planteado al Congreso fue la revisión del Impuesto Sobre Nómina, fijado actualmente en 3%, el cual, dijo, impacta directamente en la generación de empleo.
Llamado a una mejora regulatoria
Además de solicitar estabilidad fiscal, el CCE propuso trabajar con el Legislativo en una agenda de mejora regulatoria, enfocada en homologar trámites entre municipios y revisar los cobros por derechos. La presidenta reveló que detectaron incrementos desproporcionados en licencias de funcionamiento:
algunos municipios elevaron sus tarifas en 200%, 300%, 500% e incluso más de 1,000% respecto a 2024.
“Hay casos donde una licencia que costaba $30,000 pasó a más de $400,000, y en otros municipios llega hasta un millón de pesos por el mismo trámite”, advirtió. Esto —alertó— amenaza con desalentar la inversión en el interior del estado, donde en ocasiones se cobra más que en Mérida.
Los diputados se comprometieron a revisar estos casos y garantizar certeza jurídica para evitar incrementos abruptos año con año.
Solicitan cambios a la Ley Seca por afectaciones económicas
El sector empresarial también pidió revisar la Ley de Procedimientos Electorales, particularmente lo relacionado con la Ley Seca, debido a que en fines de semana electorales se registran pérdidas de 50% a 70% en ventas. Además, aseguran que las restricciones fomentan el clandestinaje.
Claudia González señaló que otros estados han flexibilizado o eliminado estas restricciones en restaurantes sin registrar incidentes. Para el proceso electoral de 2027, el CCE plantea reducir las horas de prohibición o permitir la venta de bebidas en establecimientos donde el consumo vaya acompañado de alimentos.
“Dependemos del turismo, y el turista difícilmente entiende por qué no puede comprar una bebida durante su estancia”, afirmó.
Redacción: Yucatánalamano.
