Por mayoría, aprueban nueva Ley del Isstey; aumentarán cuotas y años de servicio

Legisladores argumentan que trabajadores no tienen por qué pagar las consecuencias del quebranto del instituto

Este 21 de julio, la mayoría de la diputación local del Congreso del Estado de Yucatán, votó en favor de la nueva Ley del Isstey, con la cual aumentarán de 8 a 15 por ciento las cuotas de las y los derechohabientes, así como los años de servicio para acceder a la jubilación, lo que ocasionó polémica, manifestaciones, gritos y posicionamientos en tribuna.

Rubí Be Chan, representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo en la tribuna que los trabajadores no son culpables del quebranto y no tienen que pagar las consecuencias; asistentes aplaudieron a la afirmación, pero ante la negativa de la propuesta del partido gritaron “traidores”.

Del mismo partido, el diputado Rafael Echazarreta Torres, presentó en nombre de su fracción cuatro propuestas para mantener ciertos criterios de la legislación previa y proteger a las y los trabajadores; sin embargo, todas fueron rechazadas por mayoría, “¿por qué van a tener que pagar de su salario la incapacidad que ha tenido la administración?”, cuestionó el diputado.

En la discusión, Crescencio Gutiérrez González, del partido Nueva Alianza, tomó la tribuna para decir que el producto legislativo garantiza el justo derecho a acceder una jubilación o pensión, pero también permite sostener al Isstey.

“Yucatán es uno de los tres últimos estados del país que no ha ajustado su sistema pensionario, de no ser así, corremos el riesgo de colapso”, dijo.

Aseguró que con la nueva Ley de Seguridad Social -con 137 artículos- sistematizan las normas para regular la naturaleza y objetivo del instituto, incluyendo cuotas, prestaciones, servicio médico, préstamos, pensiones, entre otros temas, para disminuir la presión financiera del Isstey con la garantía de que las y los trabajadores pueden acceder a retribuciones dignas.

Tras su discurso, los trabajadores levantaron la voz para manifestarse en contra de lo expresado y pidieron la aclaración de artículos para demostrarles que no les afectan, “queremos certeza jurídica, no queremos nada más que justicia”.

Nuevamente, tomó la voz el diputado Echazarreta Torres en contra de la iniciativa, “no tiene la gente por qué trabajar 10 años más”, señaló, extendiendo que esto afecta a las familias que no tendrían que vivir las consecuencias de las administraciones que no supieron gestionar los recursos.

“Es una flagrante violación a los derechos humanos, teníamos una gran oportunidad […] al principio creímos que había voluntad política”, expresó.

Igualmente en contra de la aprobación, Eduardo Sobrino Sierra, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apuntó que “nuestras decisiones recaen, no sobre nosotros, recaen sobre los ciudadanos, en este caso sobre más de 40 mil trabajadores que no son ustedes”.

Cuestionó si la Ley a aprobarse realmente resuelve el problema o había otras formas de solucionar la situación tomando en cuenta los intereses de las y los derechohabientes. Puntualizó que el incremento de la cuota de 8 a 15 por ciento de aportaciones les afecta en gran medida porque un salario suele ser de 6 mil 500 pesos o 7 mil pesos al mes, “nada que ver con lo que ganamos nosotros los diputados, hasta nuestra tarjeta de gasolina es más que eso”.

Abundó que hoy en día a esas personas les descuentan 520 pesos al mes de su sueldo y ahora les quieren descontar 975 pesos, “¿saben lo que es para un trabajador?”, continuó, a quienes ganan 10 mil y hoy les descuentan 800, con la nueva Ley le descontarán mil 500.

“No debemos estar pensando en nosotros, la empatía, ponerte en el lugar de la gente, sino no les representas […] No puedo quedarme callado, me pagan para representar a los ciudadanos, no es cierto que esta Ley no daña a los trabajadores, está tratando de recargar sobre ellos los problemas del Isstey como si se tuvieran la culpa.”

Jazmín Villanueva Moo, de Morena, visibilizó que esta supuesta solución solamente agrega cargas a derechohabientes, sin perseguir delitos por el detrimento de los recursos y patrimonio del Isstey, “soy enfática, no puedo votar positivamente ese dictamen, es una burla y es una ofensa, me opongo a esa visión de orientación empresarial que hace caso omiso de la problemática social qué significan las jubilaciones”.

Gaspar Quintal Parra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), opinó que “este dictamen carece de claro en la forma de calcular las pensiones, porque no se toman en consideración la pluralidad que existe en los ingresos de las y los burócratas actuales, generando falta de certeza jurídica”.

Por ello, desde la fracción legislativa que representa, propusieron que la Ley sea aplicada únicamente a quienes ingresen con ella, a partir de su publicación.

Esto porque, desde su perspectiva, “no podemos atentar en contra de las garantías laborales que desde su contratación se definieron para servidores públicos estatales en activo con la aplicación de una ley en forma retroactiva”.

El derecho a una buena administración, dijo, tiene que darse desde la protección a quienes desempeñan su labor profesional en el servicio público, quienes confiaron en las condiciones sobre las cuales fueron contratados.

“Esta ley, desde su construcción está orientada a darle solidez al ISSTEY, y dar certeza a las y los trabajadores, jubilados y pensionados, así como refrendar las responsabilidades del gobierno para con ellos”, aseguró Erik Rihani González, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Fuente: La Jornada Maya/Emilio Gómez