En total, 14 personas —12 mujeres y dos hombres— se encuentran bajo investigación por su posible involucramiento en diversos incidentes registrados durante la manifestación. Entre los delitos que se analizan figuran daños a propiedad ajena, motín, lesiones calificadas y dos presuntos intentos de homicidio.
Las autoridades señalan que estos últimos cargos se relacionan con un hecho en el que, presuntamente, algunas manifestantes habrían provocado fuego que alcanzó a mujeres policías que resguardaban las instalaciones del Palacio de Gobierno.
El fiscal general del estado, Jackson Villacís Rosado, informó que las detenciones se realizaron en flagrancia durante los disturbios registrados en la protesta. Añadió que por estos acontecimientos se abrieron tres carpetas de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad de cada persona involucrada.
Indicó que el Ministerio Público continúa recabando elementos para definir la participación específica de quienes fueron asegurados durante la movilización.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, reportó que 23 agentes femeninas resultaron heridas durante los enfrentamientos. Según detalló, tres policías sufrieron quemaduras, mientras que otras 20 presentaron golpes y diversas contusiones, por lo que reciben atención médica en el IMSS.
En cuanto a los daños materiales, la directora de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche (APCEC), Ro Olvera Salinas, informó que se registraron afectaciones en al menos 35 inmuebles civiles, así como en 12 espacios de carácter religioso y militar. Entre los sitios dañados se encuentran los baluartes de San Pedro, La Soledad, San Carlos y San Francisco, además del Ex Templo de San José, el atrio de la Catedral, el Instituto Campechano, el Palacio Municipal y el Palacio de los Poderes.
La funcionaria explicó que los daños al patrimonio histórico pueden ser sancionados con penas de entre tres y diez años de prisión, además de multas y la obligación de cubrir los gastos de restauración.
La secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, calificó los hechos como inaceptables al considerar que representaron una agresión directa contra mujeres integrantes de la corporación policial.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche condenó las agresiones contra las policías, aunque reiteró que el derecho a la protesta debe ejercerse sin recurrir a la violencia.
En paralelo, el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) solicitó la liberación de la estudiante Esil Safir Romero Flores. Asimismo, el ciudadano David Suaste Canul denunció públicamente lo que considera la detención irregular de su hermana, quien sería menor de edad.
Redacción: Yucatánalamano.
