La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente asegura que desconocía el juicio ciudadano contra el condominio Adhamar en Tulum que hasta el momento obliga a la dependencia a verificar que éste sea demolido.
A través una solicitud de información ante la Coordinación de Comunicación Social, la dependencia expuso que:
“Profepa no fue llamada a ese juicio, por lo que apenas está revisando la información, pero entiende que la sentencia aún no es firme, lo que significa que todavía puede ser recurrida”.
Sin embargo, la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) asegura que Profepa sí estuvo enterada, pues incluso alegó “que necesitaban una autorización de impacto ambiental para demoler”.
Además, la dependencia anuncia que recurrirá la sentencia que la obliga a cerciorarse que los constructores del condominio derriben la estructura y restauren el sitio a su estado original.
“Es imposible que no sepan, es imposible, porque esa autoridad es la denunciada, específicamente la representación de la Profepa en Quintana Roo, y por ello fue llamada a juicio e incluso contestó debidamente en las diligencias”,
comentó Irma Morales Cruz, que forma parte del equipo de abogadas y abogados de DMAS.
La abogada añadió que incluso la Profepa contestó que no había ninguna omisión de su parte y que ellos estaban vigilando; que ya se había emitido un resolutivo donde se pedía la restauración de la zona, pero realmente en la sentencia se acredita que no hubo una inspección debida, ni una vigilancia.
La sentencia a que se refiere la abogada es la emitida por el juzgado octavo de distrito de Quintana Roo, en la que se resolvió el juicio de amparo promovido por un residente de Tulum, en el que se impugnó la omisión de la Profepa para hacer cumplir medidas correctivas contra el proyecto inmobiliario Adhamar en Tulum.
En resumen, el juez resolvió que Profepa debe ejecutar de manera activa y oficiosa la restauración ambiental del sitio impactado en Tulum y cerciorarse de la demolición del condominio, además de estar obligada a hacer efectivas las sanciones económicas y dar seguimiento a la querella penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República.
(Con información de Jesús Vázquez)
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Fuente: Novedades Quintana Roo
