Sin embargo, aunque la tala ilegal significa la muerte de varias especies de flora y fauna al arrasar su hábitat, sólo en un caso de los 200 se informó de dos detenidos, y aún falta pasar de los sellos de clausura a exigir que se cumpla la reparación del daño en los lugares devastados, para terminar el círculo de impunidad.
“Entre los casos más graves se encuentran desmontes masivos, remoción ilegal de manglares, obras sin autorización en reservas naturales y cambio irregular de uso de suelo en comunidades del sur del estado”, señaló el encargado de Profepa Yucatán, José Alberto González Medina, según reporta El Universal.
Indicó que uno de los últimos casos se ubica en el sur del estado, donde la Profepa abrió seis procesos por el desmonte y cambio de uso de suelo de 2,600 hectáreas en municipios como Nohalal, Tekax, presuntamente por la comunidad menonita.
Aunque también hubo 11 hectáreas taladas en el área natural de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, uno de los últimos pulmones importantes para el sur del estado.
Asimismo, en el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax en Yucatán, donde en mayo pasado se reportó la tala ilegal en 2,200 metros cuadrados, una zona habitada por menonitas, reserva ubicada en la península de Yucatán, compartida con los estados de Campeche y Quintana Roo.
Profepa reporta 200 delitos ambientales en Yucatán, ¿y los detenidos?
Además, el funcionario federal del organismo que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que uno de estos 200 casos de daños ambientales en Yucatán, en 2025 fue la devastación del manglar el puerto de Sisal, por el que dos personas continúan detenidas, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
“La intención de la Profepa es asegurar la reparación del daño de una zona devastada de aproximadamente cinco hectáreas de duna costera en Sisal”, dijo el servidor público, sin embargo hasta hoy no se ha anunciado que las personas responsables empiecen a resarcir los daños causados por los delitos ambientales.
Subrayó que se tiene que implementar una recuperación de esa franja costera que es propiedad de la nación, además de las sanciones penales a los responsables del daño ambiental, aunque por ahora restaurar es un tema pendiente.
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Fuente: Diario de Yucatán
