El Congreso del Estado comenzó ayer procesos para nombrar a dos nuevos funcionarios, al turnar a comisiones la renuncia de Mario Can Marín como auditor superior del Estado y el oficio del Poder Judicial donde solicitan se cubra una consejería vacante de la judicatura del Estado.
De igual forma, en asuntos generales de la sesión de ayer se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Yucatán, en materia de violencia contra la salud de este sector poblacional, para que se puedan prevenir los malos tratos en la atención médica, y otra para hacer reformas a la Constitución local en materia de reinserción social.
Entre los asuntos en cartera, se turnó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública el oficio que envió María Carolina Silvestre Canto, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, en el cual solicita la designación de la persona que fungirá como consejero de la judicatura, en sustitución de Carlos Murillo Ku, quien recientemente fue nombrado Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción.
Iniciativas a comisiones
En la sesión de ayer del Congreso estatal se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación la iniciativa enviada por el gobierno del Estado para modificar la Constitución local en materia de mejora regulatoria y otra para crear la Ley para la Consulta de las Personas con Alguna Discapacidad, Afrodescendientes y de Origen Étnico del Estado.
Por error de la diputada de Morena Rubí Be Chan se dio lectura y turnaron dos veces a la Comisión de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas la solicitud de algunos comisarios municipales de Mérida para que se cree la comisión especial para los trabajos de separación territorial de Mérida y la creación de nuevos municipios libres con cabeceras en las localidades de Cholul, Chablekal, San José Tzal y Caucel.
Prevensión ante los malos tratos en el servicio de salud
En asuntos generales, Karla Franco Blanco, a nombre de la bancada del PRI, presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Yucatán en materia de violencia contra la salud de este sector poblacional para que se puedan prevenir los malos tratos en la atención médica. Sostuvo que aún no están cubiertos los servicios integrales para la atención total de la salud de las yucatecas.
Añadió que en la entidad aún existen desigualdades que afectan la integridad física, sexual y mental de las yucatecas, además de que persiste la negación de la autonomía corporal, lo que se considera como una violación de los derechos humanos fundamentales para las mujeres y niñas porque perpetúa la violencia y la discriminación por razón de género. A esta iniciativa se sumó Carmen González Martín, diputada del PAN.
Fabiola Loeza Novelo, diputada sin partido, también presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para garantizar los servicios postpenales en la entidad.
Con esto, dijo, la entidad será nuevamente pionera en contemplar esa obligación estatal al máximo reconocimiento normativo para afianzar las acciones públicas que emanen de la política postpenal en aras de fomentar la inclusión y la no discriminación”, expresó.
Fuente: Diario de Yucatán/David Domínguez Massa
