Así lo señaló Rafael Pinzón Miguel, titular de la Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con el funcionario, cada año se abren en promedio unas 400 carpetas relacionadas con menores en conflicto con la ley. Sin embargo, solo entre 30 y 35 adolescentes permanecen bajo medidas dentro del Sistema Especializado en Justicia para Adolescentes (SEAMA).
Pinzón Miguel explicó que una característica frecuente en estos casos es que tanto víctimas como presuntos responsables suelen ser menores de edad, lo que obliga a implementar estrategias de atención diferenciadas y con enfoque integral.
En este contexto, destacó que la Fiscalía ha trabajado en la mejora de sus instalaciones, con el fin de brindar una atención más adecuada a las víctimas y sus familias.
Cobertura estatal y enfoque preventivo
La Vicefiscalía opera en todo el territorio yucateco en coordinación con unidades ubicadas tanto en Mérida como en el interior del estado, lo que permite agilizar los procesos de investigación y resolución de los casos.
El funcionario subrayó que este modelo busca alejarse de una lógica estrictamente punitiva. “No todos los casos deben resolverse desde el castigo, sino a través de procesos de reeducación”, indicó.
Bajo este enfoque, el sistema ofrece alternativas como programas formativos, talleres y procesos de sensibilización que buscan modificar conductas y facilitar la reintegración de los jóvenes a su entorno social.
Un marco legal específico para adolescentes
En relación con hechos recientes que han generado debate público, particularmente aquellos en los que menores han estado involucrados en actos violentos, el vicefiscal recordó que la legislación mexicana establece un tratamiento diferenciado para este sector.
Precisó que los adolescentes no pueden ser juzgados bajo los mismos criterios que los adultos, ya que el sistema se rige por una normativa nacional especializada que regula tanto la investigación como los procesos judiciales.
Cualquier cambio en este esquema, añadió, correspondería a decisiones del ámbito legislativo.
Factores sociales detrás de la problemática
El funcionario también señaló que muchos de los casos están asociados a contextos familiares complejos, entornos sociales adversos o influencia de personas adultas, lo que refuerza la necesidad de intervenciones que atiendan las causas de fondo.
Finalmente, apuntó que el aumento en ciertos reportes, como las alertas Amber, refleja un fenómeno multifactorial que involucra a distintos sectores de la sociedad, desde el núcleo familiar hasta las instituciones educativas.
Por ello, insistió en que la prevención y la atención integral son clave para evitar que más adolescentes incurran en conductas delictivas y favorecer su desarrollo dentro de la legalidad.
Redacción: Yucatánalamano.
