La designación, a cargo de la Cámara de Diputados, permitirá elegir a tres nuevos consejeros electorales para el periodo 2026-2035. Estos sustituirán a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes concluyen su encargo en las próximas semanas.
Trayectorias diversas en la lista
Entre los perfiles yucatecos destaca Jorge Miguel Valladares Sánchez, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, cuya gestión generó controversia tras la realización de eventos sociales dentro de las instalaciones del organismo, incluyendo una actividad en la que el salón de sesiones fue acondicionado como espacio recreativo.
También participa Hidalgo Victoria Maldonado, quien se ha desempeñado como vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del INE en Mérida, con experiencia en el ámbito electoral federal.
A ellos se suman Luis Alvarado Díaz, actual vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado —con experiencia previa en Campeche—, así como Raúl Flores Rodríguez, integrante del consejo local del instituto.
La lista la completan Marimar Trejo Pérez, ex consejera electoral del Iepac, y Roberto Ruz Sahrur, quien actualmente funge como consejero en ese mismo organismo.
Etapas del proceso
El procedimiento de selección incluye varias fases. Como primer filtro, las y los aspirantes deberán presentar un examen de conocimientos el 6 de abril en la Cámara de Diputados, con el objetivo de evaluar sus capacidades técnicas.
Posteriormente, el 22 de abril, la Junta de Coordinación Política enviará las propuestas finales a la Mesa Directiva, para que ese mismo día el pleno de la Cámara determine, mediante votación, a los tres nuevos integrantes del Consejo General del INE.
Esta renovación parcial se da en un contexto de alta exigencia para la autoridad electoral, donde la experiencia, la independencia y la credibilidad de los perfiles serán factores clave ante los próximos procesos electorales.
Los aspirantes provenientes de Yucatán llegan con trayectorias distintas: algunos con perfiles técnicos consolidados y otros con antecedentes que han sido objeto de cuestionamientos públicos, lo que añade un componente político a una designación que busca priorizar la capacidad y la autonomía.
Redacción: Yucatánalamano.
