La mitad de esas compañías quiso defraudar a IMSS e ISSSTE, por lo que fueron inhabilitadas por hasta siete años; las principales faltas son presentar datos falsos, mentir al SAT e incumplir contratos.
Las tramposas a veces sí caen al pozo; en los últimos cinco años los auditores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ‘cacharon’ a 405 empresas que intentaron vender gato por liebre al gobierno federal: algunas quisieron hacer pasar bienes nacionales por extranjeros, otras alteraron reportes de residuos peligrosos, las más arriesgadas se pusieron de acuerdo para repartirse contratos y hubo la que entregó productos chinos en lugar de los acordados.
Una base de datos elaborada por MILENIO revela que la mitad de estas compañías pretendía defraudar al sector salud: 139 querían obtener beneficios del IMSS y 59 del ISSSTE; otras 55 empresas trataron de engañar a la misma SFP y 28 procuraron sacar ventaja de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los consorcios que quisieron cometer actos irregulares o fraudulentos fueron inhabilitados por períodos que van de tres meses a siete años, y la suma total de multas ascendió a mil 600 millones de pesos
Las faltas más recurrentes fueron la entrega de información falsa en general (193), asentar datos apócrifos ante el SAT (44) e incumplimiento de contrato (43).
Crimen con castigo
Una revisión de los expedientes de la SFP indica que la multa más alta registrada entre enero de 2019 y marzo de 2024 fue de 100 millones 243 mil de pesos y no fue una, sino un conjunto de empresas que fue castigado con ese monto por connivencia: acordaron repartirse un botín de análisis clínicos y servicios al banco de sangre del ISSSTE.
Las empresas fraudulentas fueron Dai Servicios, Impromed, Int-Per, Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, Selecciones Médicas, Servad Promo Asistencial y Servicios de Mínima Invasión.
Antes de esta sanción, la multa más cuantiosa había sido interpuesta a Asesoría y Consultoría en Software; según el expediente de esta empresa, desde 2018 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había adquirido la implementación de un sistema llamado Kims, el cual le permitiría automatizar los procesos gubernamentales sin la necesidad de que sus empleados conocieran el lenguaje ni el código de software.
Sin embargo, la empresa no completó su desarrollo, lo dejó a medias pero, eso sí, cobró el total del trabajo; fue así que se llevó a la bolsa 24 millones 963 mil pesos. El 3 de marzo de 2021 se le informó a la compañía que sería inhabilitada por un año y le fue impuesta una multa por la cantidad del adeudo.
La siguiente multa más alta fue la que se le impuso a Grupo Sari, por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; la dependencia solicitó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a hornos incineradores y la empresa intentó engañar sobre sus credenciales con una cédula profesional falsa. Recibió una multa de 5 millones 917 mil pesos.
Fuentes: Milenio.
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