La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes 24 de marzo de 2026 la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que dicha propuesta busca “que todas la Fiscalías del país tenga una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”.
La propuesta será enviada este martes al Senado de la República, según informó la mandataria mexicana.
La fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy, afirmó que el proyecto se construyó junto con la Secretaría de las Mujeres y que busca enfrentar una problemática que exige respuestas estructurales.
“Este delito que afecta a miles de mujeres nos debe llamar a erradicar la violencia feminicida y esto es lo que busca lo que estamos buscando con esta propuesta”, dijo durante la conferencia de prensa presidencial.
La propuesta establece nueve razones de género para configurar el feminicidio, incluyendo signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder, incomunicación o exposición del cuerpo.
Homologación federal del delito
Godoy detalló que se plantea “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de sancionar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes”.
También se contemplan 21 agravantes, como que la víctima sea niña, adolescente, mujer mayor, tenga alguna discapacidad, pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes, o que el crimen se cometa frente a hijos o hijas.
La iniciativa también busca homologar protocolos para que “toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio”, con perspectiva de género obligatoria y “turno continuado”, para evitar la discontinuidad de las investigaciones.
Además, establece que el delito será perseguido de oficio, será imprescriptible y que el responsable perderá la patria potestad, tutela y derechos sucesorios respecto a las víctimas.
Por su parte, Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, subrayó que el feminicidio trasciende a la víctima directa.
“Estamos hablando de un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero sin duda también cambia la vida de las personas de su círculo cercano, sobre todo de sus hijas e hijos”, afirmó, al explicar que la propuesta articula derechos para víctimas directas e indirectas, incluida la atención médica y psicológica y la asistencia jurídica gratuita, entre otros.
La reparación integral “tiene que ser adecuada, efectiva, rápida y además proporcional”, añadió.
Asimismo, la iniciativa prohíbe la exposición de imágenes de víctimas en medios y plataformas digitales, y propone la creación de una comisión especial para acompañar la implementación de la ley, fortalecer las investigaciones y articular una campaña permanente contra la violencia feminicida.
Por otra parte, Sheinbaum Pardo expresó su esperanza de que la iniciativa cuente con amplio consenso legislativo.
“No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable”, afirmó.
Fuentes: López Dóriga Digital.
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