Lo que comenzó como un impulso económico para el campo derivó, con el paso del tiempo, en denuncias por contaminación, movilizaciones comunitarias y procesos judiciales que hoy obligan a replantear la regulación del sector.
Ese punto de quiebre se formalizó con la firma de un acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS). El objetivo es establecer reglas homogéneas y una supervisión más estricta para una actividad que, durante años, operó entre vacíos normativos y autorizaciones dispersas.
Un crecimiento sin control uniforme
En la última década, Yucatán se posicionó como uno de los principales productores de carne de cerdo del país, con cientos de instalaciones —algunas de gran escala— distribuidas en el territorio. Sin embargo, autoridades y organizaciones civiles coinciden en que una proporción significativa de estas unidades funcionó sin cumplir integralmente con los permisos ambientales requeridos.
El problema adquiere mayor relevancia por las características geológicas del estado: al no existir corrientes superficiales extensas, los residuos líquidos y sólidos pueden infiltrarse con facilidad en el subsuelo, afectando pozos y cenotes que abastecen a comunidades enteras. Reportes técnicos advierten que una sola granja de gran tamaño puede generar más de un millón de litros diarios de aguas residuales con alta carga orgánica y nutrientes.
Impacto en comunidades
Habitantes de localidades como Santa María Chi y Halachó han denunciado afectaciones que van desde olores persistentes hasta cambios en la calidad del agua y en la productividad de sus huertos. Investigaciones académicas han documentado la presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, como E. coli, en algunos pozos, lo que refuerza la preocupación por posibles riesgos sanitarios.
Para pueblos mayas y colectivos ambientales, la expansión del sector también ha estado marcada por la falta de consulta previa en territorios indígenas, un derecho reconocido en la legislación mexicana. Organizaciones como Greenpeace México han impulsado recursos legales y acompañado a comunidades en juicios y amparos relacionados con el derecho a un medio ambiente sano.
Nuevas reglas y seguimiento
El convenio interinstitucional contempla mecanismos permanentes de colaboración: homologar criterios en materia de impacto ambiental, compartir información técnica y cartográfica, realizar inspecciones conjuntas y reforzar la capacitación del personal encargado de vigilar el cumplimiento normativo. También se prevé la instalación de un Comité Técnico de Seguimiento que sesionará de manera periódica hasta 2030.
En paralelo, la Profepa ha aplicado sanciones económicas por irregularidades como descargas sin autorización y falta de permisos, además de ordenar clausuras temporales y, en algunos casos, definitivas. No obstante, activistas y pobladores sostienen que las multas resultan limitadas frente al deterioro acumulado.
El desafío por delante
Las autoridades reconocen que la falta de coordinación entre instancias federales y estatales permitió, durante años, interpretaciones flexibles de la norma y supervisión insuficiente. Con el nuevo esquema, aseguran, se busca cerrar esos espacios y garantizar que cualquier proyecto cumpla con evaluaciones técnicas rigurosas.
Aun así, en las comunidades persiste la cautela. Para muchos habitantes, la efectividad del acuerdo no se medirá en documentos firmados, sino en mejoras tangibles en la calidad del agua, el aire y la vida cotidiana en el territorio.
Redacción: Yucatánalamano.
