Otro de los hechos trascendentes en Yucatán durante el año que concluyó, de los que ayer publicamos la primera parte, fueron los cateos que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó en cinco predios de Mérida el día 4 de julio.
Las autoridades dieron continuidad a una carpeta de investigación por trata de blancas. Mujeres de diversas partes de Centroamérica eran explotadas sexualmente en bares de Mérida que incluso contaban con todos los permisos correspondientes, otorgados por los ayuntamientos de Mérida y Kanasín.
A la par de las operaciones, en Colombia fue detenido por la Interpol Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, líder de una red de traficantes de personas, quien tenía su base de operaciones en Yucatán. Los permisos otorgados por los ayuntamientos señalados estaban a nombre de esta persona.
Con esta operación comenzaron una serie de detenciones de presuntos delincuentes relacionados con organizaciones criminales, como la detención de Aldrín Miguel Jarquín Jarquín, alias “El Chaparrito”, quien fue detenido el 18 de agosto en una residencia ubicada en el norte de Mérida.
Jefe de plaza en Mérida
Jarquín Jarquín fue identificado como jefe de plaza del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima y vivía en Yucatán desde meses atrás.
“El Chaparrito” estaba extraído de la justicia y aun así, se dijo, era socio de una plaza comercial en Mérida. La operación para su detención la realizaron elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la FGR.
El mismo mes de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores para manifestar su inconformidad por las reformas propuestas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Casi un mes después, el día 11 de septiembre y tras aprobarse dicha reforma, los trabajadores del PJF se congregaron a las puertas del Congreso del Estado de Yucatán para exigir a los diputados no aprobar la reforma.
Sin embargo, la situación tuvo una escalada cuando los manifestantes ingresaron de manera violenta al recinto del pleno, provocando la suspensión de la sesión.
Advertencia
Los manifestantes tomaron las instalaciones hasta cerca de las 3 de la tarde, cuando fueron advertidos de enfrentar diversos procesos judiciales. Unos minutos después, la policía tomó el control del lugar con un gran número de elementos que custodiaron el recinto hasta que los diputados locales aprobaron la reforma.
Esa misma semana, en la madrugada del 15 de septiembre, un grupo de sicarios contratados asesinaron en el norte de Mérida al supuesto empresario regiomontano José Ángel Dávila Bernal, al parecer por un ajuste de cuentas. Aunque las autoridades estatales negaron que se tratara de un hecho relacionado con el crimen organizado, se pudo saber que el supuesto empresario era más bien el prestanombres de una organización criminal y vendía coches de lujo en Yucatán con la intención de blanquear dinero.
La causa
Al parecer un mal manejo del dinero y cuentas no claras fueron la razón por la que los sicarios fueron contratados y mandados a la entidad para asesinar al Dávila Bernal.
Días después fueron detenidos los sicarios y bajo un fuerte dispositivo de seguridad y a puerta cerrada se llevaron a cabo las audiencias de imputación y vinculación, lo que contrastó con la narrativa de la policía estatal de que no tenía nada que ver con el crimen organizado (Continuará).
Nota original aquí
Fuente: Diario de Yucatán
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