En apenas sus primeros 120 días de operación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial recibió ya 204 denuncias por malas conductas del personal del nuevo Poder Judicial de la Federación electo.
En su primer informe que entregó este 1 de febrero, en el arranque de los trabajos del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, titulado Informe de los 120 días construyendo confianza, el tribunal, a través de su Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, acusa a funcionarios del Poder Judicial de “violencia laboral, sexual y de género”.
También da a conocer que, del total de las denuncias, sólo ha habido dos medidas cautelares de suspensión de servidores públicos como castigo por sus malos actos.
El documento expone al Poder Legislativo que “del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2025, el Órgano de Investigación registró 204 ingresos de indagatorias, incluyendo aquellas que se encontraban previamente en trámite en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Precisa que “del análisis de las nuevas indagatorias recibidas a partir del inicio de funciones del Órgano de Investigación, se han identificado conductas recurrentes, entre las que destacan irregularidades en el otorgamiento de nombramientos y, en la tramitación de asuntos competencia de órganos jurisdiccionales, así como conductas relacionadas con violencia laboral, sexual y de género, mismas que han sido sistematizadas para su atención conforme al marco legal”.
Detalla también que “en el ámbito de las determinaciones y medidas cautelares, durante el periodo que se informa se sometieron a consideración de la Comisión de Disciplina dos medidas cautelares de suspensión respecto de personas servidoras públicas”.
Una medida está vinculada “con posibles actos de violencia sexual, y otra derivada de la advertencia de posibles faltas en perjuicio de la correcta administración de justicia. Asimismo, se propuso una medida cautelar de cambio de adscripción, y se remitieron propuestas relativas a la solicitud de medidas cautelares definitivas de suspensión en asuntos en los que previamente sólo se había dictado una medida provisional”.
Explica que, de los asuntos recibidos al inicio de la gestión en los que ya se había emitido alguna determinación, “se procedió a su revisión integral, ordenándose el archivo de 222 indagatorias, ya sea porque no se interpuso medio de impugnación alguno contra el dictamen conclusivo o porque la autoridad sustanciadora informó que se había iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa”.
Nota original aquí
Fuente: El Financiero
