La administración Trump ha deportado hasta 6,000 cubanos a México durante el último año, en virtud de un acuerdo no escrito con el país vecino, según un juez federal que está presionando al gobierno para que explique cómo funciona este opaco arreglo de deportaciones.
En una orden de nueve páginas presentada el miércoles, el juez de distrito de los Estados Unidos William G. Young, en Massachusetts, citó una declaración del Departamento de Seguridad Nacional en la que se reconoce un acuerdo “vigente” pero “no escrito”, en virtud del cual México acepta a los deportados cubanos procedentes de los Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas “ha deportado a México a unos 6,.000 ciudadanos cubanos en el último año”, y “no se requieren documentos de viaje”, señaló el escrito del DHS ante el tribunal.
Young, a quien el presidente Ronald Reagan nombró juez en 1985, quedó desconcertado ante las revelaciones de la administración Trump en el caso, el cual se deriva del caso de un hombre cubano que impugna su detención por parte del ICE y su inminente deportación a México.
“¿Qué? ¿Puede ser esto cierto? ¿Existe algún acuerdo no escrito entre dos naciones soberanas en virtud del cual 6,000 ciudadanos cubanos ya han sido enviados a México? ¿Es secreto este acuerdo?”, declaró Young en su orden. “Dejando de lado la flagrante falta de lógica del argumento: “Ya estamos haciendo esto a gran escala, por lo tanto, debe estar bien,” esto no es más que una cruda admisión de que, en este caso, no existe absolutamente ningún proceso más allá de: “Es lo que nosotros decimos que es”.
Detalles con acceso restringido
Para llevar a cabo la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, el gobierno busca persuadir a otros países para que acepten la deportación de personas que no son sus connacionales. En octubre, cubanos deportados desde Estados Unidos a México relataron al Nuevo Herald que habían pasado semanas buscando comida, refugio y trabajo, mientras dormían en las calles. Estos hombres contaban con antecedentes penales graves y afirmaron que, como consecuencia de ello, Cuba no los aceptaría de regreso. Sin embargo, no está claro si todas las personas que Estados Unidos ha enviado a México registran arrestos y condenas en su historial.
Muchos de los detalles del caso federal —incluidos los documentos del Departamento de Seguridad Nacional que revelan el número de cubanos deportados, así como la denuncia por detención indebida— no son de acceso público. Sin embargo, la orden del juez Young revela el alcance de la operación de deportación, sobre la cual ambos gobiernos han guardado, en gran medida, silencio. Asimismo, pone de manifiesto la falta de claridad en torno al acuerdo, incluso dentro del propio gobierno de los Estados Unidos. Al parecer, esta es la primera vez que la administración revela cuántos cubanos ha enviado a México.
Los abogados del gobierno le habían dicho a Young que proporcionarían el acuerdo por escrito, pero luego afirmaron que este no existía. El veterano juez escribió que el tribunal debe conocer de “todo lo que haya que saber” sobre el acuerdo y que deseaba pruebas materiales del mismo, incluso si el pacto no constaba por escrito.
“Si tal acuerdo no escrito existe, por supuesto que habrá pruebas escritas del mismo: directivas, informes internos, correspondencia interna; todos los vestigios de una burocracia en funcionamiento. Este tribunal espera verlos todos”, escribió Young. “Reflexione un momento. ¿Puede ser cierto que 6,000 ciudadanos cubanos hayan sido enviados ya a México basándose en un simple apretón de manos?”
La orden del juez constituye la última novedad en una demanda presentada contra la administración Trump por un ciudadano cubano que el ICE detuvo en Boston el mes pasado, durante una cita en una oficina regional.
Los documentos judiciales indican que el hombre, Jorge Juan Navarro, llegó a los Estados Unidos en 1992 y fue condenado por delitos penales en 1998 y 2009. El gobierno federal ordenó su deportación alrededor de noviembre de 2001. Desde 2014, ha estado cumpliendo con citas periódicas ante el ICE, según la orden del miércoles.
No queda claro, a partir de los escritos del juez o de los documentos del caso disponibles públicamente, por qué se ordenó la deportación de Navarro hace un cuarto de siglo ni cuáles fueron sus delitos. Los documentos sugieren que Cuba no aceptaría su regreso. Hasta el momento, él permanece bajo la custodia del ICE. No obstante, por ahora existe una suspensión de su deportación a México.
«No ha habido pruebas de que el Gobierno de México haya aceptado específicamente al Sr. Juan Navarro como deportado», escribió su abogada en un documento del caso fechado el 20 de marzo.
Acuerdo de la era Biden
En un comunicado por escrito dirigido al Herald, la abogada de Navarro, Heather Pérez Arroyo, afirmó que su cliente estaba “agradecido” por la orden del juez federal.
“Mi cliente presentó esta petición ante el tribunal federal para hacer valer sus derechos conforme a la ley y la Constitución. Tenemos fe en el sistema judicial, y este está cumpliendo la función para la que fue diseñado: proteger nuestros derechos legales y garantizar que el gobierno actúe de manera lícita y transparente”, afirmó Pérez Arroyo, abogada jefe de inmigración en el Massachusetts Law Reform Institute.
Según la orden del juez, el Departamento de Seguridad Nacional argumenta que el fundamento jurídico de las deportaciones emana de un acuerdo de la era Biden, en virtud del cual México accedió a recibir en su territorio hasta 30,000 cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos mensualmente. Sin embargo, dicho acuerdo estaba condicionado a la existencia de un programa que permitía a los ciudadanos de esas cuatro naciones residir y trabajar en Estados Unidos, siempre y cuando contaran con un patrocinador financiero, superaran los controles de antecedentes y costearan sus propios pasajes aéreos. La administración Trump canceló el “programa CHNV” —denominado así por las iniciales de las cuatro nacionalidades—; no obstante, parece estar invocando el acuerdo con México de la era Biden como justificación para las deportaciones ante el tribunal del juez Young.
“Según este acuerdo y en la exitosa expulsión, resulta evidente que se consideró que Cuba era una opción inviable, desaconsejable o imposible,” afirmaron los abogados del Departamento de Seguridad Nacional en el escrito, citado textualmente en la orden de Young.
Young expresó preocupaciones sobre la legitimidad, e incluso la existencia, del acuerdo.
“En este momento, el Tribunal acepta la palabra de la abogada de los demandados en el sentido de que tal acuerdo existe realmente y no es una invención *ad hoc* de la imaginación del ICE —o, lo que es peor, un velo para encubrir artimañas—,” señaló Young en una nota a pie de página de su orden.
Dificultades para deportar a Cuba
Estados Unidos ha considerado desde hace mucho tiempo a Cuba como un país «recalcitrante» que no coopera en lo que respecta a las deportaciones. Cuba ha suspendido anteriormente las deportaciones a su antojo, incluso durante un año por la pandemia de COVID-19. Históricamente, no ha aceptado el retorno de sus nacionales que han sido condenados por ciertos delitos en Estados Unidos.
Esto significa que muchos cubanos en Estados Unidos con antecedentes penales han vivido aquí durante años —incluso décadas— en un limbo legal. No pueden regresar a Cuba, pero tampoco pueden obtener la tarjeta de residencia ni la ciudadanía estadounidense.
Cuba sí aceptó el retorno el mes pasado a cubanos con antecedentes penales, según el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, ese inusual anuncio se produjo en medio de una campaña de presión estadounidense que asfixia el suministro de petróleo de la isla, lo cual podría explicar la concesión por parte de La Habana.
Muchos de los cubanos deportados a México han terminado en la ciudad sureña de Villahermosa. Un albergue de esa localidad, el Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito, recibió a 206 cubanos en 2025, según informó el jueves al Herald uno de sus administradores, Josué Martínez Leal.
En lo que va del año, cerca de 45 cubanos deportados de Estados Unidos han acudido en busca de albergue y servicios. Muchos de los cubanos deportados desde Estados Unidos son hombres mayores con afecciones crónicas, señaló Martínez Leal. Su llegada ha mermado los recursos, ya que el albergue intenta ayudarles a conseguir medicammentos y atención para enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la demencia.
Deportaciones polémicas
El lunes, Costa Rica se sumó a la larga lista de países que han acordado recibir a deportados de Estados Unidos, al anunciar que aceptaría hasta 25 personas por semana. Otros países que han recibido personas que no son nacionales suyos incluyen a Panamá, Camerún, El Salvador, Eswatini, Ecuador, Ghana, Ruanda y Honduras. Estas deportaciones a terceros países han sido objeto de intensos litigios en los tribunales federales durante la administración Trump.
En marzo de 2025, la administración Trump deportó a más de 200 venezolanos —a quienes acusaba de ser miembros de pandillas— al CECOT, una prisión en El Salvador. Una investigación conjunta del *Texas Tribune* y *ProPublica* reveló posteriormente que el DHS tenía conocimiento de que la mayoría de esos hombres no contaban con antecedentes penales en Estados Unidos.
Desde su regreso a Venezuela el año pasado, los hombres han descrito haber enfrentado condiciones inhumanas, abuso psicológico, palizas y violencia sexual durante su estancia en la prisión salvadoreña.
Precisamente esta semana, uno de los hombres venezolanos que había sido enviado desde Estados Unidos a la megaprisión demandó a la administración Trump por al menos 1,3 millones de dólares en daños y perjuicios. Acusó al gobierno federal de abusar deliberadamente de su poder y de violar sus derechos.
Nota original aquí
Fuente: El Nuevo Herald
