Por segundo año seguido, el estado figura entre los que menos indagatorias administrativas abren contra su personal gubernamental, además de registrar una de las tasas de sanciones más bajas del país.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado este 9 de diciembre, los datos más recientes del Inegi ratifican una tendencia que ya suma más de diez años: la entidad ha logrado contener el crecimiento de prácticas irregulares y sostener una estabilidad institucional poco común en el panorama nacional.
Investigaciones: un desempeño que destaca
De acuerdo con las cifras de 2024, Yucatán abrió 3.4 investigaciones por cada mil servidores públicos, resultado que lo posiciona como el segundo mejor del país. Este nivel no solo refleja orden administrativo, sino que lo diferencia con claridad del resto de la Península: Campeche registró 53.5 investigaciones y Quintana Roo encabezó la lista nacional con 176.7.
Sanciones: entre las más bajas de México
El comportamiento se replica en materia de sanciones. Yucatán se mantiene dentro de las diez entidades con menor cantidad de castigos administrativos, al reportar 2.2 sanciones por cada 10 mil empleados públicos. Incluso supera a estados del Bajío, tradicionalmente reconocidos por sus controles internos, como Guanajuato o San Luis Potosí.
A nivel regional, el contraste vuelve a ser evidente: Campeche reporta 81 sanciones y Quintana Roo 6.8, de acuerdo con la información disponible.
Una trayectoria estable a lo largo de diez años
Mientras que en otras partes del país la prevalencia de actos corruptos ha fluctuado notablemente, Yucatán ha mantenido niveles relativamente constantes desde 2015, con indicadores que rondan entre 11% y 11.4%. Esto lo ha convertido en uno de los estados donde más ciudadanos completan trámites sin enfrentar solicitudes indebidas: en 2024, nueve de cada diez personas usuarias no reportaron incidentes.
En contraste, en el ámbito nacional, 8.9% de quienes realizaron trámites el primer semestre de 2025 narraron haber sido víctimas de algún acto de corrupción. Además, casi la mitad de las personas que tuvieron interacción con autoridades de seguridad pública dijeron haber vivido experiencias similares.
Los incidentes más comunes se concentran en trámites de propiedad, gestiones municipales y, en menor proporción, casos de extorsión, tráfico de influencias o nepotismo.
Un factor que impulsa la competitividad
Especialistas señalan que la continuidad de estos resultados se ha convertido en un activo clave para el desarrollo estatal. En un país donde la corrupción se percibe como una de las principales barreras para el crecimiento, mantener indicadores bajos durante más de una década brinda un entorno atractivo para la inversión, el turismo y la llegada de nuevos proyectos.
Con esta base, el gobierno estatal puede avanzar hacia retos mayores, como la digitalización total de trámites, ampliar mecanismos de denuncia, profesionalizar cuadros administrativos y reforzar los esquemas de transparencia.
Confianza institucional: un valor estratégico
Expertos en gestión pública coinciden en que uno de los mayores logros de Yucatán es la confianza ciudadana acumulada a lo largo de años. Construir credibilidad toma tiempo, pero puede perderse rápidamente; por ello, sostener los estándares actuales es crucial, sobre todo ante el rápido crecimiento demográfico y la expansión económica que vive la entidad.
Mientras el país debate nuevas reformas y estrategias anticorrupción, Yucatán se presenta como ejemplo de que la estabilidad institucional es posible cuando existe continuidad en las políticas públicas.
Un avance con matices: la corrupción también crece
A pesar de los buenos resultados relativos, los datos históricos muestran que la corrupción no ha desaparecido. Según la Encig del Inegi, la prevalencia aumentó de 9.6 por cada 100 mil habitantes en 2013 a 11.4 en 2023. Hubo picos en 2015 y 2019 —con cifras de 13.6 y 13.3, respectivamente— y aunque en 2021 se registró una ligera reducción, la tendencia de fondo continúa al alza.
Esto revela que, aun con controles internos fuertes, las prácticas irregulares siguen presentes en la interacción cotidiana entre ciudadanía y autoridades estatales o municipales.
Percepción ciudadana: un desafío pendiente
Entre 2021 y 2023, Yucatán registró una proporción de víctimas de corrupción menor a la de la mayoría de las entidades. Sin embargo, la opinión pública no refleja el mismo optimismo. Un reportaje reciente indica que 71% de los habitantes considera que la corrupción ocurre con frecuencia.
Este contraste evidencia que, aunque la estructura administrativa funcione con disciplina, una parte importante de la población sigue viviendo —o creyendo que existe— corrupción en trámites municipales, servicios públicos o contactos con cuerpos de seguridad.
La “cifra negra”: el dato que falta
Un obstáculo para una medición más precisa es la baja tasa de denuncias. A escala nacional, pocas personas reportan formalmente los incidentes que sufren, lo que significa que los registros oficiales solo muestran una parte del problema. Esto afecta en particular a casos de extorsión, pagos indebidos para agilizar trámites o gestiones relacionadas con permisos y regulación de predios.
Yucatán, aun con sus buenos indicadores, enfrenta el reto de comprender y atender la percepción del 71% de la población que considera frecuente la corrupción, y transformar ese malestar ciudadano en políticas públicas efectivas.
Redacción: Yucatánalamano.
