El nombramiento de Luis Armando Mendoza Casanova como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, realizado por el Congreso, “es una vergüenza nacional”, porque se hizo en contra de la Ley 3 de 3, que castiga la violencia contra de las mujeres, aprobada por ese mismo Congreso y apoyada por Mauricio Vila Dosal, denuncia Yndira Sandoval Sánchez, activista y presidenta nacional de Todas México.
El gobernador se llenaba la boca hablando de las virtudes de esa ley y de los diputados que la aprobaron, pero poco después, dice, propuso al Legislativo a Mendoza Casanova como magistrado, no obstante las acusaciones en su contra como agresor de mujeres.
La activista confirma la admisión, por un juzgado federal, de la demanda de amparo presentada por varias organizaciones civiles en contra de ese nombramiento. “El juzgado consideró que hay materia” y por eso creo que esto se “convertirá en un tema federal, aunque los del gobierno son tan cínicos que no les da vergüenza…”, afirma la activista.
”Esto no se acaba…”
El gobernador y los legisladores, añade, no deberían subestimar a las mujeres, que podemos decidir y votar, y dijo que “esto no se acaba hasta que se acaba”, en alusión a que emprenderán una lucha jurídica hasta sus últimas consecuencias.
El Diario entrevistó a Yndira Sandoval junto con la coordinadora de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán, María Eugenia Núñez Zapata, quien reveló que en el caso del amparo, si éste procede, se tendrá que reponer el procedimiento para nombrar al magistrado y si se rechaza, las organizaciones denunciantes irán a las siguientes instancias.
Según Sandoval Sánchez, la Ley 3 de 3 es en realidad una reforma al artículo 38 constitucional para prohibir las candidaturas y los nombramientos para empleo, cargo o comisión en el servicio público de las personas que tengan sentencia firme por haber cometido, entre otros delitos, violencia familiar, violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género o que esa persona sea declarada deudora alimentaria morosa.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó estos cambios a la Constitución en marzo de 2023, como consecuencia del activismo de cientos de organizaciones defensoras de las mujeres y las niñas.
En Yucatán, varias de estas organizaciones cabildearon en el Congreso la adopción de estas medidas, mucho antes de que lo hicieran los legisladores federales.
El 31 de mayo de 2022, el Congreso local aprobó la reforma a varios artículos de la Constitución yucateca por unanimidad, a fin de prohibir a los acusados de violentar mujeres su registro como candidatos a puestos de elección o su nombramiento para ocupar puestos en los tres niveles de gobierno. Yucatán fue el primer estado que lo hizo en todo el país.
A la vanguardia
No solo es eso, afirma Yndira Sandoval, sino que los cambios a las leyes yucatecas no exigen la sentencia firme para impedir el paso a los acusados de agredir mujeres, como lo prevé el artículo 38 de la Constitución federal. “Aquí basta con exhibir antecedentes de denuncias e historial de violencia” de los implicados.
También agrega que estos cambios colocaron a Yucatán en la vanguardia del país “y así lo dije en el Senado el 8 de septiembre, en el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres: ojalá México, en esta materia, alcance un día a Yucatán, que hoy se ha convertido en la capital de la ciudadanía de las mujeres, en el lugar donde se nos dio patria a todas las mexicanas”.
Sin embargo, agrega, pronto vino la decepción, cuando el gobernador Mauricio Vila Dosal propuso al Congreso una terna para nombrar magistrado, encabezada por Mendoza Casanova. No obstante que es un acto violatorio a la Constitución local, la mayoría de los legisladores también aprobó ese nombramiento.
Con esta maniobra, empero, “pudimos ver quiénes son los cómplices de las personas que agreden a las mujeres en el estado: el gobernador, los diputados locales, la Fiscalía y el propio Poder Judicial”, dice Sandoval Sánchez.
Fuentes: Diario de Yucatán.
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