Representantes de las seis bancadas políticas en el Congreso del Estado coinciden en que no solo urge una ley antiextorsión como plantea para el país la Coparmex, sino que también están dispuestos a escuchar a los empresarios con este tema.
Algunos diputados como los del PAN, PRI y MC incluso dicen que ya trabajan al respecto. Los priistas anticiparon que propondrán la creación de una fiscalía especializada en la materia.Aunque se trata de un planteamiento hecho en el plano nacional, pareciera que en Yucatán las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado podrían sumarse para apoyar esta propuesta.
Como informamos, ante los recientes hechos de violencia y la inseguridad que prevalece en diversos estados del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a reforzar las políticas, la estrategia y medidas de seguridad, y uno de los mayores desafíos que se enfrenta es la extorsión, un delito en aumento, que sin una legislación eficaz, se pone en riesgola economía y el tejido social de la Nación.
Javier Osante Solís, diputado de Movimiento Ciudadano, dijo que desde su bancada se trabaja en proyectos de ley que contemplen tipificar diferentes tipos de extorsiones, y que sean previstos en el artículo 327 del Código Penal local.
Dispuestos a respaldarla
Los que plantea la Coparmex es un tema que compete al Congreso federal, señaló Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal y coordinador de la bancada de Morena, al opinar sobre la propuesta del sindicato patronal para crear una ley antiextorsión.
“Justo en la extorsión el Congreso de la Unión legisló en diciembre pasado para considerarlo entre los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Lo que ahora plantean pues tendría que ser analizado eventualmente por las cámaras y si es el caso pues construir una armonización en lo local”, precisó el legislador.
Además señaló que la extorsión es un delito que gana terreno, sobre todo a través del uso de medios digitales, y en el caso de Yucatán se encuentra tipificado en el Código Penal, implica sanciones que van del año a los seis años de prisión, pero junto a esas sanciones tienen que propiciar el trabajo colaborativo con todas las instancias de gobierno para generar una cultura de la denuncia y, sobre todo, la manera de prevenirlo.
“Por supuesto que estamos siempre dispuestos a escuchar lo que la Coparmex y en general la sociedad civil organizada nos expresa, antes hemos tenido un primer acercamiento con ellos para compartir sus diversas visiones desde el punto de vista empresarial, por lo que seguiremos propiciando espacios para generar que las inquietudes de la sociedad civil puedan ser abordadas”.
Por su parte, Roger Torres Peniche, coordinador de la bancada del PAN, dijo que, la Coparmex propuso la creación de una Ley General contra la Extorsión por el alarmante incremento de ese delito en el país, pues datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2024 del INEGI, arrojan que el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncia por temor a represalias, y en algunas entidades aumentó hasta un 50% en los últimos seis años.
Reforma
Explicó que esa propuesta incluye reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que buscaría coordinar acciones entre autoridades, perseguir eficazmente el delito y generar estrategias conjuntas para erradicarlo, pero hay esa propuesta es de carácter federal.
Añadió que hoy hay más de 20 modalidades de extorsión, pero los códigos penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que subraya la necesidad de una legislación nacional que homologue el delito y sus penas, ya que en Yucatán el artículo 327 del Código Penal del Estado establece lo siguiente:
“A quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de uno a seis años de prisión y de treinta a cien días-multa”.
Señaló que, las sanciones aumentarán hasta el doble si el constreñimiento se hace con una asociación delictuosa o por quien sea o haya sido servidor público, en este caso, se impondrá además al servidor, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y al ex servidor público solo la inhabilitación por el mismo término.
Delito de extorsión en Yucatán
Indicó que este artículo tipifica el delito de extorsión en Yucatán, al definir las conductas sancionadas y penas correspondientes, que se agravan en casos específicos, como cuando el delito lo cometen servidores públicos o mediante asociaciones delictuosas.
“Sin duda es una norma que requiere actualización, pues hoy en día las diversas modalidades terminan siendo obstáculos para el ejercicio del derecho y el castigo, pues lo que la ley no señala expresamente no puede ser juzgado, así que la bancada del PAN ya trabaja en este sentido a nivel local”, informó.
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Añadió que también trabajan en un proyecto que es de implicación federal y tiene que ver con los procedimientos, pues los propios agentes y policías investigadores tienen una serie de deficiencias al integrar las carpetas y muchas veces es por lo complejo de los mismos procedimientos.
“Y porque hasta el momento las diversas víctimas de variados delitos, terminan revictimizadas una y otra vez durante la investigación, al grado que prefieren dejar los asuntos sin seguimiento, pues terminan dedicándole jornadas incansables de comparecencias y aportación de pruebas que prácticamente cansa y harta a la víctima y no por negligencia en la integración e investigaciones, pero así está la Ley en la actualidad y hay que adecuarla y generar su evolución”, citó.
Gaspar Quintal Parra, de la bancada del PRI, declaró que la Coparmex dijo que la extorsión creció un 45.3% en comparación con el sexenio anterior, por lo que es de relevancia nacional un análisis de reformas sobre ese delito.
Homologación
“El PRI coincide en que debemos homologar la tipificación y sanciones de la extorsión a nivel nacional, ya que actualmente hay más de 20 modalidades de ese delito, y las autoridades estatales reconocen menos de cinco. Asimismo se requiere coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno y establecer estrategias conjuntas para su erradicación, sobre todo, ante las modalidades que hoy se presentan donde se encuentra el uso de tecnologías”, indicó.
Por eso consideró que es fundamental que las autoridades estatales consideren la implementación de medidas que contribuyan a la prevención y combate de la extorsión, en coordinación con las iniciativas nacionales y las propuestas del sector empresarial.
“Por nuestra parte, impulsaremos la creación de una fiscalía especializada que atienda las conductas que se presuman tipificadas como extorsión y analizaremos el tipo penal para aumentar las penas y considerar el uso de la tecnología”, comentó.
Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM, anticipó que por parte de él y su partido siempre existe comunicación con las cámaras empresariales y las asociaciones civiles, y hay la plena disposición de escuchar a la Coparmex.
“La Coparmex siempre mantiene una participación activa en lo que respecta a las propuestas que pueden beneficiar al sector empresarial, esto es algo que vemos siempre con buenos ojos, porque la participación de todos es fundamental para el desarrollo y enriquecimiento de nuestras leyes”, dijo.
Del tema de la extorsión indicó que es algo delicado y va en crecimiento en todo el país porque se desarrolla en muchos ámbitos, la gran mayoría desde el anonimato en llamadas telefónicas.
“Cualquier propuesta es viable para su estudio y análisis y por supuesto que la vamos a acompañar; porque claramente es un tema que preocupa a los empresarios y debemos atenderlo y apoyarlos”.
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Fuente: Diario de Yucatán
