Por Luis Carmona.
Durante la madrugada, una operación militar encabezada por Estados Unidos derivó en la detención de Nicolás Maduro, poniendo fin de manera abrupta a un gobierno que durante años estuvo rodeado de acusaciones de autoritarismo, crisis económica, corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El acontecimiento generó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del país, revelando una profunda división de opiniones que refleja la complejidad del momento que atraviesa la nación sudamericana.
Para un sector de la población venezolana, especialmente entre quienes han emigrado en la última década, los hechos del 3 de enero representan una oportunidad de cambio largamente esperada. Muchos ven la caída del gobierno de Maduro como el cierre de un ciclo que, a su juicio, condujo al colapso económico, a la migración forzada de millones de personas y al deterioro de las instituciones democráticas. En comunidades venezolanas en el extranjero, particularmente en países como Estados Unidos, Colombia, Perú o España, se registraron expresiones de alivio e incluso celebraciones, interpretando el suceso como la posibilidad real de una transición política y una futura reconstrucción del país.
Dentro de Venezuela, sin embargo, el panorama es mucho más ambiguo. Aunque existe un sector que observa los acontecimientos con cauteloso optimismo, también hay un sentimiento extendido de incertidumbre y temor. Para muchos ciudadanos, la intervención militar extranjera genera preocupación por la estabilidad inmediata, el riesgo de enfrentamientos internos y la ausencia de claridad sobre quién ejercerá el poder político en el corto plazo. La vida cotidiana, ya golpeada por años de escasez y precariedad, se enfrenta ahora a un escenario donde el futuro político aún no está claramente definido.
Las críticas más fuertes se concentran en el carácter de la intervención. Diversos gobiernos y organismos internacionales han cuestionado la legitimidad de una acción militar extranjera sobre un país soberano, señalando que, más allá de la figura de Maduro, el precedente que se establece es peligroso. La posibilidad de que una potencia intervenga directamente en la estructura política de otro Estado despierta inquietudes sobre el respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos, incluso entre quienes reconocen que Venezuela atravesaba una crisis profunda.
Entre los venezolanos que permanecen en el país, también existe un sentimiento de contradicción. Para algunos, la salida de Maduro representa un alivio emocional tras años de frustración, pero al mismo tiempo surge la pregunta de si este cambio realmente se traducirá en mejoras concretas en su calidad de vida. Otros rechazan completamente lo ocurrido, argumentando que ningún cambio impuesto desde el exterior puede considerarse legítimo ni sostenible, y que el país corre el riesgo de pasar de una crisis interna a una tutela extranjera. La diáspora venezolana, por su parte, refleja una postura igualmente dividida. Mientras unos celebran el hecho como justicia histórica, otros recuerdan que las intervenciones militares en distintos países rara vez han producido resultados positivos a largo plazo. Muchos migrantes expresan esperanza, pero también temor de que la violencia, la inestabilidad política o los intereses económicos externos terminen afectando a las familias que dejaron atrás.
Uno de los elementos más visibles tras la captura de Nicolás Maduro fue la oleada de celebraciones documentadas en fotografías y videos, difundidos ampliamente en redes sociales y medios internacionales. En distintas ciudades de Venezuela, así como en comunidades de la diáspora, se observaron personas ondeando banderas, cantando el himno nacional y expresando alivio ante lo que consideraron el fin de una etapa de opresión y deterioro. Para muchos de estos venezolanos, la magnitud y espontaneidad de estas manifestaciones públicas son una muestra clara de que el gobierno de Maduro carecía de respaldo popular significativo, especialmente después de años marcados por crisis económica, migración masiva y descontento social. No obstante, aunque estas imágenes reflejan un rechazo profundo por parte de amplios sectores de la población, también evidencian la polarización del país, donde la alegría de unos contrasta con el temor y la incertidumbre de otros ante un futuro aún indefinido.
La circulación masiva de estas imágenes y videos también ha reavivado el debate en torno a las elecciones presidenciales previamente disputadas en 2024, en las que el opositor Edmundo González fue señalado por amplios sectores como el posible ganador legítimo. Para muchos venezolanos, las expresiones de júbilo tras la captura de Nicolás Maduro refuerzan la idea de que el respaldo popular al oficialismo ya era frágil desde aquel proceso electoral y que la voluntad ciudadana pudo haber sido ignorada o distorsionada. Desde esta perspectiva, las manifestaciones públicas no solo representan un rechazo al gobierno saliente, sino que funcionan como un indicio social de que una parte significativa de la población no se sintió representada por los resultados oficiales, alimentando la percepción de que la victoria de González debió ser reconocida desde un inicio. Aun así, analistas subrayan que estas lecturas, aunque políticamente relevantes, no sustituyen los mecanismos institucionales ni las investigaciones formales que serían necesarias para confirmar de manera concluyente un resultado electoral.
La opinión de personas ajenas a Venezuela ¿es valida?
Fuera de Venezuela, las opiniones también se polarizan. Hay quienes apoyan la operación argumentando que el régimen de Maduro ya no ofrecía soluciones y que su salida era necesaria para abrir una nueva etapa. Sin embargo, numerosas voces internacionales (incluidas personas que no tienen una relación directa con Venezuela) cuestionan la validez de emitir juicios absolutos sin haber vivido una realidad comparable. Especialmente quienes han experimentado contextos de guerra, crisis económicas profundas o intervenciones extranjeras en sus propios países suelen advertir que estos procesos rara vez son simples y casi nunca indoloros para la población civil.
Entre los venezolanos, tanto dentro del país como en el exterior, existe una percepción crítica respecto a las opiniones emitidas por personas que no son venezolanas y que observan la crisis desde fuera. Muchos consideran que, aunque la solidaridad internacional es valiosa, una parte de estos juicios carece de sensibilidad hacia la realidad cotidiana que han vivido durante años, marcada por escasez, migración forzada, inseguridad y deterioro institucional. Desde esta visión, resulta fácil condenar cualquier forma de intervención o cambio abrupto cuando se vive en contextos de estabilidad económica y política, muy distintos a los de Venezuela. Otros venezolanos, sin embargo, reconocen que las voces externas pueden aportar perspectivas útiles en temas como derechos humanos y legalidad internacional, aunque insisten en que estas opiniones no deberían imponerse sobre la experiencia directa de quienes han soportado las consecuencias de la crisis. Este contraste ha generado un sentimiento recurrente de incomprensión, donde muchos venezolanos sienten que su realidad es debatida desde la distancia sin haber sido plenamente vivida.
Uno de los comentarios más recurrentes y sonados entre observadores internacionales gira en torno al petróleo y los abundantes recursos naturales de Venezuela, planteando que los hechos del 3 de enero podrían responder más a intereses estratégicos de Estados Unidos que a una genuina preocupación por la situación del país. Esta narrativa, ampliamente difundida en redes sociales y espacios de opinión, sostiene que el movimiento sería una excusa para facilitar el acceso estadounidense a dichos recursos. Frente a esta postura, muchos venezolanos reaccionan con pragmatismo y cansancio, señalando que la discusión sobre el petróleo ha existido durante décadas y que desde hace años otros países ya se beneficiaban directa o indirectamente de estos recursos, incluso bajo el gobierno de Maduro, sin que ello se tradujera en una mejora real para la población. Para una parte significativa de los venezolanos, la prioridad no es quién explota el petróleo, sino si finalmente ese recurso puede convertirse en estabilidad, empleo, servicios básicos y una mejor calidad de vida. Otros, en cambio, consideran que el control extranjero de los recursos representa un riesgo a largo plazo, aunque reconocen que el deterioro actual ha llevado a muchos ciudadanos a aceptar cualquier cambio que prometa un futuro menos precario, aun si el costo es abrir un debate incómodo sobre soberanía y dependencia económica.
En este sentido, la validez de las opiniones externas depende en gran medida del contexto desde el cual se emiten. Aquellos que nunca han vivido escasez prolongada, hiperinflación o migración forzada pueden subestimar el desgaste social que atraviesa una nación como Venezuela. Al mismo tiempo, tampoco puede ignorarse que quienes viven realidades más estables tienden a enfocarse en principios como la soberanía y el derecho internacional, sin experimentar de primera mano el colapso cotidiano que impulsa a muchos venezolanos a aceptar cualquier posibilidad de cambio.
Venezuela se encuentra hoy en una encrucijada histórica. Para algunos, el 3 de enero de 2026 marca el inicio de una nueva esperanza; para otros, representa un episodio peligroso cuyas consecuencias aún no pueden medirse. Lo cierto es que el país enfrenta un futuro incierto, donde la reconstrucción institucional, la estabilidad social y la legitimidad política serán desafíos fundamentales. El desenlace dependerá no solo de las decisiones que se tomen en el ámbito internacional, sino, sobre todo, de la capacidad del pueblo venezolano para encontrar un camino que combine justicia, soberanía y paz.
