»Verdadera catástrofe educativa»; padres de familia en Yucatán, contra los libros de texto

Como una verdadera catástrofe educativa calificó el representante en Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Gerardo Pineda Martínez, los nuevos libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública quiere aplicar el próximo ciclo escolar.

Según dijo, nunca se convocó a los padres de familia a participar en el proceso para establecer esos contenidos.

Con preocupación, Pineda advirtió que las autoridades educativas no han acatado el fallo judicial del pasado 19 de mayo en el cual se ordena suspender la distribución de estos materiales debido a múltiples inconsistencias en el proceso de elaboración de los mismos, pues nunca se expusieron los motivos en los cambios de los contenidos hasta entonces apegados la Ley de Educación.

Sin respeto a la ley

El problema, se explicó, es que los planes de estudio están establecidos por la Ley de educación vigente desde 2017 y publicados en el Diario Oficial.

En este sentido todos los materiales educativos, entiéndanse Libros de Texto Gratuitos, deben ser armónicos y consistentes con los planes de estudio para cada grado; toda modificación o cambio debe estar debidamente sustentado con base en esta ley y justificarse de manera científica y pedagógica.

El problema estriba en que las autoridades educativas han editado una serie de libros de texto gratuitos que, bajo el nombre de la Nueva Escuela Mexicana, ofrecen una serie de contenidos alejados totalmente de los objetivos de los planes educativos y sin ningún sustento pedagógico.

Lo que la UNPF ha hecho en el ámbito nacional es solicitar a la SEP que entregue el diagnóstico que se realizó al plan de estudios en 2017, que dijeron fue la base para considerar cambiar los contenidos de los libros de texto, y que presenten el nuevo plan de estudios como corresponde, pero no respondieron.

Por esa razón, varias asociaciones han estado interponiendo amparos desde hace dos años, porque la autoridad ha anunciado que habrá nuevos libros, una nueva escuela mexicana, un nuevo modelo educativo.

Si esto es cierto se tiene que conocer la base de donde parten, ya que para ello se debe tener el diagnóstico, el plan de estudios nuevo, y a partir de ahí elaborar los libros.

Si esto no se hace, significa que no se siguieron lo que marca la norma de la Ley de Educación, dijo Pineda.

Es así que con el amparo que se les concedió solicitan a la autoridad que le pida a la SEP que detenga la impresión y distribución de libros de texto gratuitos, hasta que se demuestre que se hizo el procedimiento mediante la ley citada.

El 26 de mayo se venció el plazo para que la SEP responda a la autoridad, ya sea que diga que no han hecho un libro nuevo, o que demuestre que han seguido el procedimiento adecuado.

Recientemente Israel Sánchez, encargado de la oficina de Presidencia de la UNPF, afirmó que los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP no cumplen con la ley ni corresponden a la realidad del país, de modo que entregarlos podría considerarse un “acto de corrupción”.

Lo anterior se entiende de esa manera debido a que los libros son elaborados con los impuestos de los ciudadanos. Concretamente reveló que la plataforma Compranet de la Secretaría de Hacienda arroja un último registro de pagos por el material didáctico del orden de $900 millones.

Israel Sánchez señaló que estos libros no corresponden a la realidad del país y el hecho de que la autoridad quiera entregar libros que no sirven, no es correcto por las grandes necesidades que hay, ya que cuestan, no son libros gratis, se pagan con los impuestos”.

“No cumplir con la ley es un acto de corrupción, que los libros no se apeguen a lo que marca la ley es caer en corrupción y eso no es admisible de ningún modo”, aseveró.

La UNPF ha promovido amparos en torno a ésta situación y un juez ordenó la suspensión de la distribución de los libros e incluso se señala que desde el 27 de mayo pasado las autoridades educativas han sido notificadas sobre los mismos.

En su momento la UNPF hizo un llamado a las autoridades de la SEP y al gobierno federal para que abran el diálogo y se les permita conocer los contenidos de los libros de texto gratuitos que se pretende utilizar para el próximo ciclo escolar.

“Régimen ideológico”

Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, dijo hace unos meses que los contenidos de los libros plantean un régimen ideológico para adoctrinar a los alumnos, y para ello desaparecieron varias disciplinas para en su lugar imponer ese campo.

“Al desaparecer las disciplinas que son importantes no hay proceso enseñanza-aprendizaje porque nada se va a medir, ya que la persona no está preparada, esto se está haciendo con el fin de imponer ideologías”, dijo.

El dirigente resaltó que el gobierno pisotea la Constitución, que en su artículo tercero señala que la educación debe ser laica, analítica y crítica.

Por su parte, en mayo pasado en una entrevista, Gerardo Pineda, de la Unión de Padres de Familia en Yucatán, señaló que en el caso específico del Estado tuvieron contacto con la Segey y ahí les informaron que el proceso de elaboración de los nuevos libros estaba muy atrasado, por lo que consideraban que no iban a estar listos para el nuevo ciclo escolar.

La UNPF afirmó que la opacidad en la que se ha trabajado en esos textos preocupa a la sociedad, sobre todo porque la poca información que se ha filtrado sobre los contenidos habla de que se registran cambios en detrimento de la educación de calidad y se emplea una postura ideológica.

Con la intención de defender la legalidad y los derechos de la educación de los niños en México, promovieron un amparo para que cese la impresión y la distribución de los libros de texto gratuitos, el cual fue concedido por una juez el 19 de mayo pasado. Hasta ahora nada de esto ha sucedido, la producción y la distribución continúa.

Se resalta que desde 2018 se dejó de hacer la evaluación Pisa, estándar internacional para saber si los alumnos desarrollaron las habilidades que necesitan para salir adelante.

Una herramienta que no le cuesta al gobierno en su aplicación porque México es parte de la OCDE.

Se señala que si se dejó de evaluar es porque algo grave está pasando.

Fuentes: Diario de Yucatán/Emanuel Rincón.