Violencia en protestas por Ayotzinapa buscan enrarecer y desacreditar: AMLO
López Obrador acusó que hay “intereses” detrás que buscan “enrarecer” y “desacreditar” al Gobierno de la 4T y avances en el Caso Ayotzinapa
Sobre la violencia durante las movilizaciones de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, acusó que existen “intereses” detrás que buscan “enrarecer“, “enfrentarnos” y “desacreditar” al Gobierno de la Cuarta Transformación y los avances en la investigación.
Sobre la violencia durante las movilizaciones de padres de Ayotzinapa, el presidente López Obrador acusó que hay "intereses" detrás que buscan "enrarecer", "enfrentarnos" y "desacreditar" al Gobierno de la 4-T y los avances en la investigación.
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 23, 2022
“Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al Gobierno, porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo”, puntualizó.
“Se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin impunidad, sin embargo, están queriendo enrarecer la situación, porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas, porque viven del conflicto”, indicó.
“Imagínense si no se violan derechos humanos por parte del Estado, pues ya no se tiene materia, y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos y yo les digo no”, destacó.
Activistas y familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa protestaron los dos últimos días tanto en la Embajada de Israel en México como en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la aparición con vida de los jóvenes, donde al final de los actos varias personas encapuchadas llevaron a cabo actos de violencia y vandalismo.
La polémica alrededor de las investigaciones del caso se reavivó este año tras el informe de la Comisión de la Verdad, creada por el presidente López Obrador, que concluyó el 18 de agosto que se trata de “un crimen de Estado“, que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos, y que reconoció la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas.
La comisión rechazó la “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Fuentes: López Dóriga Digital.