A su juicio, este fenómeno ha sido relegado en la agenda pública, pese a su impacto profundo y persistente en la vida de las víctimas.
La especialista señaló que, aunque el estado enfrenta múltiples desafíos sociales —como el suicidio, el alcoholismo, las adicciones y la violencia de género—, la agresión sexual contra personas menores de edad permanece en gran medida fuera del debate institucional. “Es una violencia que se calla, se minimiza y se normaliza”, afirmó.
Villagómez explicó que gran parte de los casos ocurre en el ámbito familiar y que los agresores suelen ser personas cercanas a las víctimas, como padrastros u otros parientes. Esta realidad, dijo, se mantiene oculta por dinámicas de silencio dentro de los hogares y comunidades, lo que dificulta la denuncia y la atención oportuna.
A partir de su trabajo de campo, la investigadora ha documentado que muchas mujeres que hoy buscan apoyo por violencia familiar también fueron víctimas de abuso sexual durante su infancia. Estos testimonios provienen tanto de mujeres adultas mayores como de niñas y adolescentes atendidas actualmente por instituciones públicas.
La académica subrayó que las políticas públicas suelen enfocarse de manera general en la violencia contra las mujeres, sin desarrollar estrategias específicas de prevención, atención y sanción para la violencia sexual ejercida contra menores de edad. “Las infancias y adolescencias no tienen voz en estas políticas”, señaló.
Indicó además que este tipo de violencia no es exclusiva de zonas rurales, sino que también está presente en ciudades como Mérida. En muchos casos, dijo, el abuso es encubierto incluso por familiares cercanos, lo que refuerza su carácter oculto.
Villagómez cuestionó que este problema no esté contemplado de forma clara en programas estatales de desarrollo ni en iniciativas federales recientes, las cuales —afirmó— priorizan otros objetivos sin atender de fondo la prevención del abuso sexual infantil.
Respecto a la violencia extrema contra las mujeres, la investigadora aclaró que el consumo de alcohol o drogas no es la causa de estos hechos, sino un factor que puede detonarlos. El origen, sostuvo, está en una cultura de género que históricamente ha desvalorizado a las mujeres y normalizado la desigualdad.
Añadió que expresiones machistas siguen presentes en distintos sectores sociales, incluidos ámbitos empresariales, académicos y políticos, lo que contribuye a perpetuar estas violencias desde edades tempranas.
Finalmente, la especialista advirtió que la falta de recursos y de programas municipales orientados a detectar y sancionar el abuso sexual en el entorno familiar agrava el problema. “No hay una estrategia integral y permanente para proteger a las infancias y adolescencias. Mientras eso no cambie, la violencia seguirá siendo un secreto guardado”, concluyó.
Redacción: Yucatánalamano.
