Las reformas incorporan nuevas figuras delictivas y aumentan las sanciones para conductas como el acecho digital, el ciberacoso y el ciberacoso sexual infantil. El seguimiento, vigilancia o contacto insistente por medios digitales sin consentimiento —considerado ahora acecho digital— podrá castigarse con penas que van de seis meses a dos años de prisión, además de multas que oscilan entre 500 y 1,000 UMAs.
En el caso del ciberacoso, entendido como el envío repetido de mensajes o contenidos que intimidan o generan afectaciones emocionales a la víctima a través de plataformas digitales, las penas previstas van de uno a cuatro años de cárcel y sanciones económicas de 100 a 300 UMAs. Cuando las víctimas son menores de edad o existe abuso de confianza, las penas se incrementan.
Para el ciberacoso sexual infantil, la legislación contempla castigos más severos: de siete a diez años de prisión y multas de 400 a 600 UMAs. Este delito se perseguirá de oficio y contempla agravantes cuando el agresor tenga una relación de autoridad o cercanía con la víctima, o utilice engaños, amenazas o violencia.
Las autoridades estatales justificaron estas reformas a partir de la magnitud del problema. Datos del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2024 del Inegi revelan que el 29.7% de la población internauta en Yucatán ha sufrido algún tipo de hostigamiento digital, cifra superior al promedio nacional y la más alta del país. Entre las prácticas más comunes se encuentran mensajes ofensivos, suplantación de identidad, insinuaciones no deseadas y vigilancia persistente en aplicaciones como WhatsApp y Facebook.
A nivel nacional, el mismo informe estima que 18.9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso durante 2024, lo que representa poco más de una quinta parte de quienes utilizan internet en México.
Violación dentro de relaciones afectivas
Otra de las modificaciones relevantes es el reconocimiento explícito de la violación dentro del matrimonio o de relaciones sentimentales. Esta conducta, definida como imponer actos sexuales sin consentimiento dentro de un vínculo afectivo o de dependencia, ahora cuenta con penas que van de 10 a 30 años de prisión y multas de hasta 4,000 UMAs, con incrementos cuando exista reiteración o coerción.
Retos pendientes
Especialistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que, aunque el endurecimiento del marco legal es un avance, su eficacia dependerá de la capacidad institucional para atender los casos. Señalan que muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o desconocimiento, lo que limita el alcance real de la ley.
También subrayan la urgencia de fortalecer la investigación de delitos digitales, ofrecer acompañamiento psicológico a las víctimas y promover campañas de prevención y educación sobre el uso seguro de internet, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
Un paso hacia la adaptación legal
Las reformas al Código Penal de Yucatán buscan responder a una realidad marcada por el aumento de la violencia digital y sus impactos emocionales y sociales. Aunque representan un avance importante, expertos advierten que deberán complementarse con políticas públicas integrales que garanticen prevención, acceso a la justicia y un enfoque de derechos humanos.
Redacción: Yucatánalamano.
