Por un lado, se contempla una modificación al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY); por otro, la creación de una nueva entidad que sustituya al actual organismo garante de transparencia.
Reformas al ISSTEY: retiro sin límite de edad y freno a las aportaciones crecientes
De acuerdo con Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, consejero jurídico del Estado, la propuesta de reforma al ISSTEY busca subsanar los errores de la reforma de 2022, invalidada en parte por la Suprema Corte tras múltiples recursos interpuestos por trabajadores y sindicatos.
Entre los cambios más relevantes está la eliminación del requisito de edad mínima para el retiro: los hombres podrán jubilarse con 30 años de servicio y las mujeres con 28, sin importar la edad. Esto representa un retorno a un enfoque más flexible y equitativo para los servidores públicos.
Además, se cancela el esquema que preveía un incremento gradual de las aportaciones hasta alcanzar el 12.5%, congelando la tasa en 9% durante el sexenio, lo que aliviaría la presión financiera sobre los empleados estatales.
Otro punto clave será la restricción sobre el uso de los fondos de pensiones: se prohibirá invertir en instrumentos financieros de alto riesgo, buscando salvaguardar el patrimonio de los trabajadores mediante criterios de seguridad y transparencia.
Se espera que esta propuesta llegue al Congreso estatal en septiembre, aunque no se descarta una presentación anticipada.
Nace “Transparencia para el Pueblo”: un nuevo modelo de acceso a la información
Simultáneamente, el Ejecutivo estatal impulsa la desaparición del Instituto de Transparencia (INAIP), para reemplazarlo por un nuevo ente: “Transparencia para el Pueblo de Yucatán”, que dependerá directamente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esta transformación responde a una estrategia de austeridad y simplificación administrativa, alineada con las políticas promovidas a nivel federal.
El nuevo organismo mantendrá la responsabilidad de garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el gobierno estatal, municipios y órganos autónomos. Ya está en marcha una mesa de transición en la que participan las instituciones involucradas y los actuales comisionados del INAIP.
Uno de los cambios más drásticos será la eliminación de los tres comisionados y del secretario ejecutivo, consolidando la estructura en una sola dirección general, con lo cual se espera reducir los costos operativos.
Aunque se reducirá el presupuesto respecto a los actuales 27 millones de pesos con los que opera el INAIP, el personal conservará sus derechos laborales. El edificio en García Ginerés seguirá en uso para la atención al público.
Objetivos sociales y eficiencia institucional
Con estas reformas, el gobierno estatal busca restablecer la confianza en el sistema de pensiones y fortalecer la rendición de cuentas, combinando eficiencia institucional con respeto a los derechos laborales.
De aprobarse ambos proyectos, Yucatán marcaría un precedente al replantear de fondo su modelo de transparencia y corregir las fallas en el sistema de seguridad social implementadas previamente.
Se espera que en los próximos días se defina el calendario legislativo para que las iniciativas sean presentadas formalmente ante el Congreso local, donde se requerirá el respaldo de distintas fuerzas políticas.
Redacción: Yucatánalamano.
