Alejandro Robles, diputado de Morena, pidió que se investiguen las actuaciones de Xóchitl Gálvez como funcionaria pública “por el uso corrupto de sus posiciones políticas”.
El diputado federal de Morena Alejandro Robles solicitó ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México y la Contraloría Interna del Senado que se investigue a Xóchitl Gálvez “por la probable comisión de faltas administrativas graves”.
El legislador pidió que se revisen las actuaciones como funcionaria pública de la aspirante presidencial del Frente Amplio y que se le indague “por el uso corrupto de sus posiciones políticas”.
Anticipó que, de existir actuaciones irregulares, se le debe inhabilitar hasta por 20 años, periodo en el cual no podrá ocupar cargo público alguno, afirmó.
En conferencia, explicó que esta denuncia “es totalmente distinta a la presentada en la FGR, pues esa se refiere a la posible comisión de delitos”.
“En cambio, la denuncia por la probable comisión de faltas administrativas podría generar que, en caso de encontrarse culpable, sea inhabilitada para ocupar un cargo público hasta por 20 años, siempre y cuando sean faltas administrativas graves y el monto de la afectación supere las 200 UMAS”, precisó.
Consideró que existe una “tendencia al ocultamiento de información en sus declaraciones patrimoniales, con el objetivo de invisibilizar un probable enriquecimiento ilícito, en el cual bien pudo utilizar el poder dado por su cargo para obtener contratos, con lo cual se estaría beneficiando económicamente”.
Expuso que, en su primera declaración en 2002, Xóchitl Gálvez enseña cantidades que, comparadas con los montos obtenidos de 2015 a la fecha, “son irrisorias”.
“Los montos declarados con 10 años como empresaria son muy distantes a los existentes a partir de 2015 a la fecha, periodo en el que se documentan más de mil 500 millones de pesos”, dijo.
Dijo que, como jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Gálvez obtuvo contratos por más de 27 millones de pesos y, de 2018 a la fecha, periodo en el que funge como senadora, los montos han subido hasta los 50 millones de pesos, únicamente en contratos con el Estado.
Fuente: El Financiero
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