El gobierno de Trump ha instruido discretamente a fiscales federales en Miami que eviten llevar a cabo investigaciones penales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien desde hace tiempo ha sido un objetivo de la DEA, según funcionarios y exfuncionarios policiales de Estados Unidos, en la más reciente señal de un acercamiento en las relaciones entre la Casa Blanca y la nación sudamericana.
No está claro si los fiscales habían implicado a Rodríguez en algún delito o si los investigadores avanzaban hacia una acusación formal. Un portavoz del Departamento de Justicia indicó en un correo electrónico que “nunca hubo una investigación sobre ella que cerrar”.
Pero registros de la DEA obtenidos por The Associated Press este año muestran que su nombre aparecía de manera constante en el radar de las agencias policiales federales al menos desde 2018, aunque nunca ha sido acusada penalmente en Estados Unidos, a diferencia de otros altos funcionarios venezolanos.
La instrucción de pausar el escrutinio sobre Rodríguez tenía como propósito no entorpecer los esfuerzos del gobierno para estabilizar Venezuela tras la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, entre otras razones, dijo el funcionario. No estaba claro si la Casa Blanca, que remitió las consultas al Departamento de Justicia, participó en la decisión.
“A todos se les ha dicho que se detengan”, afirmó uno de los exfuncionarios.
Ni Rodríguez, ni un abogado en Estados Unidos que la representa, ni el Ministerio de Comunicación de Venezuela respondieron a solicitudes de comentarios.
EU reduce la presión sobre Delcy Rodríguez
Eliminar la amenaza de una posible acusación formal, aunque sea temporalmente, reduce la presión sobre Rodríguez mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca trabajar con la mandataria interina para estabilizar Venezuela tras la salida de Maduro y abrir el país a la inversión de Estados Unidos.
Trump calificó a Rodríguez como una “persona estupenda” poco después de que el ejército de Estados Unidos llevara a Maduro y a su esposa a Nueva York, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcóticos. Ambos se han declarado inocentes.
En los últimos meses, Estados Unidos ha levantado sanciones contra Rodríguez y la ha reconocido como la única jefa de Estado de Venezuela, lo que le ha permitido restablecer vínculos con bancos occidentales y trabajar con mayor libertad con inversionistas de Estados Unidos que buscan acceder a las reservas de petróleo venezolanas.
A medida que los lazos entre ambos gobiernos se han profundizado, algunos han presentado el manual venezolano —caracterizado por bloqueos petroleros, acusaciones formales contra líderes de alto nivel y amenazas de intervención militar— como un modelo para impulsar un cambio de régimen desde dentro, mientras Estados Unidos presiona a otros de sus adversarios de larga data en Irán y Cuba.
Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, fueron objeto de sanciones de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump por su papel en socavar la democracia venezolana y afianzar el gobierno autoritario de Maduro.
Rodríguez “está haciendo un gran trabajo”, escribió Trump en redes sociales a inicios de marzo. “El petróleo está empezando a fluir, y es muy agradable ver el profesionalismo y la dedicación entre ambos países”.
En los últimos meses, Rodríguez ha encabezado ceremonias con un flujo constante de empresarios petroleros estadounidenses, algunos de los cuales eran parte de delegaciones lideradas por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.
Sin fecha para las elecciones en Venezuela
Entre todo el intercambio de elogios, lo que falta es una conversación sobre elecciones en Venezuela, incluso después de que Rodríguez rebasara el mes pasado un límite de 90 días fijado por el máximo tribunal de Venezuela para ocupar el cargo de Maduro de manera temporal.
“No lo sé”, respondió en inglés hace unos días cuando un periodista de Estados Unidos le hizo una pregunta sobre el plazo para celebrar elecciones. “En algún momento”.
Rick de la Torre, exjefe de estación de la CIA en Caracas, dijo que la decisión de frenar cualquier investigación penal sobre Rodríguez encaja bien con los objetivos de política exterior del gobierno estadounidense en Venezuela.
“Es marxista de toda la vida y fue una dirigente de alto nivel de uno de los regímenes más corruptos del mundo, pero Estados Unidos le está dando oxígeno y ofreciendo incentivos para sentar las bases de la democracia y de la inversión de Estados Unidos”, sostuvo De la Torre, director general de Tower Strategy, que asesora a empresas que buscan hacer negocios en Venezuela.
“Sin embargo, su utilidad tiene fecha de caducidad. En algún momento enfrentará a la justicia”, añadió.
Rodríguez ha estado en el radar de la DEA desde 2018
La DEA había reunido un expediente de inteligencia detallado sobre Rodríguez al menos desde 2018, y ha recibido señalamientos sobre ella que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro, informó la AP a principios de este año. Un informante confidencial dijo a la DEA a inicios de 2021 que Rodríguez estaba usando hoteles en el destino caribeño de Isla Margarita “como fachada para lavar dinero”, según muestran los expedientes.
Su nombre ha aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA —varias de las cuales seguían en curso este año— que involucraban oficinas de campo desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York. Incluso había sido vinculada con el presunto “recaudador” de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades de Estados Unidos arrestaron por primera vez en 2020 por cargos de lavado de dinero, según los expedientes.
Rodríguez deportó a Saab este mes como parte de una purga de empresarios cercanos al poder acusados de haberse enriquecido mediante tratos corruptos con Maduro.
No está claro en cuáles investigaciones en Miami apareció el nombre de Rodríguez. Dos de los exfuncionarios dijeron que Rodríguez también ha surgido en reuniones con investigadores en Tampa a quienes la exsecretaria de Justicia Pam Bondi encargó el año pasado indagar delitos financieros en Venezuela.
En ese momento, Rodríguez se desempeñaba como vicepresidenta de Venezuela. La política del Departamento de Justicia exige que el secretario de Justicia apruebe personalmente la presentación de cargos contra cualquier jefe de Estado extranjero, quienes normalmente gozan de inmunidad frente a procesos penales de conformidad con el derecho internacional y el de Estados Unidos.
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Fuente: El Financiero
