Especialistas, legisladores y representantes del sector salud coincidieron en que México cuenta con el talento, la infraestructura y las condiciones necesarias para convertirse en un referente regional en investigación clínica, aunque aún enfrenta desafíos que limitan su crecimiento y la llegada de nuevas inversiones.
Durante el encuentro se destacó que la investigación clínica no depende únicamente de hospitales y laboratorios, sino también de un entorno legal que brinde certidumbre a inversionistas, investigadores y pacientes.
El diputado Jaime Genaro López Vela, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señaló que, aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha realizado esfuerzos para agilizar procesos, todavía existen barreras que frenan el desarrollo del sector. Además, consideró que parte de los ahorros obtenidos mediante compras consolidadas de medicamentos podrían destinarse al fortalecimiento de la investigación científica.
Por su parte, Steffania Sánchez Magallán, de la Comisión de Economía del Senado, afirmó que la investigación clínica debe consolidarse como una política de Estado vinculada a la competitividad, la innovación y la seguridad nacional. También destacó que recientes reformas en materia de propiedad intelectual buscan facilitar la transición de los desarrollos científicos hacia aplicaciones comerciales, incentivando nuevas inversiones y patentes.
Uno de los temas más señalados fue la lentitud en los procesos de autorización. El director general del Instituto Nacional de Cancerología, Oscar Arrieta, advirtió que los tiempos de aprobación de protocolos, que actualmente pueden extenderse entre seis y ocho meses, provocan que proyectos de investigación migren hacia otros países con trámites más ágiles.
El especialista propuso avanzar hacia plataformas digitales unificadas que permitan una gestión más eficiente de los protocolos y una mejor coordinación entre hospitales e instituciones de salud.
Desde el sector privado, Sharzy Molina, directora general de FAICIC Centro de Investigación Clínica, señaló que los retrasos no se limitan a la Cofepris. Indicó que otros actores como los comités de ética, las aduanas y los propios centros de investigación también forman parte de una cadena que requiere mayor coordinación y homologación de procesos.
Entre las propuestas planteadas destacó la creación de plazos obligatorios de respuesta para todas las instancias involucradas, la implementación de dictámenes únicos de ética, contratos marco nacionales y mecanismos de certificación para centros de investigación.
Los participantes coincidieron en que la colaboración entre gobierno, industria, instituciones académicas y hospitales será fundamental para alcanzar la meta de incrementar significativamente la inversión en investigación clínica en México y facilitar el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores.
Como resultado del diálogo, legisladores y representantes del sector acordaron impulsar mesas de trabajo para analizar posibles reformas y avanzar en la construcción de un marco jurídico que fortalezca el ecosistema de investigación clínica en el país. Entre las iniciativas con mayor respaldo figuró la propuesta de crear una Ley General de Investigación Clínica que garantice continuidad y certeza regulatoria más allá de los cambios de administración gubernamental.
Redacción: Yucatánalamano.
