De acuerdo con la querella, la medida obliga a los estados a respaldar acciones relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como requisito para acceder a fondos administrados por el gobierno federal para labores de prevención, respuesta y recuperación ante fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia.
Los fiscales generales que impulsan el recurso judicial sostienen que el gobierno federal está excediendo las facultades que le otorga la ley, al imponer condiciones que, aseguran, no fueron autorizadas por el Congreso para la distribución de esos recursos.
La demanda también argumenta que esta política vulnera la autonomía de los estados y podría afectar la capacidad de las autoridades locales para responder de manera oportuna a incendios, inundaciones, huracanes y otros desastres, al poner en riesgo el acceso a financiamiento indispensable para estas tareas.
Los estados solicitantes pidieron a la justicia federal impedir la aplicación de estas condiciones mientras se resuelve el litigio, al considerar que su implementación provocaría perjuicios tanto a las administraciones estatales como a millones de habitantes que dependen de esos programas de apoyo.
El caso representa un nuevo episodio en la disputa entre la Casa Blanca y varios gobiernos estatales por la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, especialmente en torno a la cooperación con ICE y el alcance de las facultades del gobierno federal para condicionar la asignación de recursos públicos.
Redacción: Yucatánalamano.
