Con esta acción, el Poder Legislativo cerró formalmente un trámite que había permanecido pendiente tras la discusión sobre la despenalización del aborto y la necesidad de ajustar el artículo 1 de la Constitución local, del cual se eliminaron disposiciones que protegían la vida desde la concepción.
La reforma se realizó en cumplimiento de resoluciones judiciales federales que obligan a las legislaturas estatales a adecuar sus normas a estándares de derechos humanos en materia reproductiva. En ese contexto, el Congreso aprobó las modificaciones necesarias para evitar contradicciones entre la Constitución local y los criterios de la Corte.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de consecuencias. La autoridad legislativa fue sancionada por el retraso en el cumplimiento de la orden judicial, lo que derivó en una multa que deberá ser cubierta por las y los integrantes del Congreso, sumando en conjunto más de un millón de pesos.
El cambio constitucional forma parte de un ajuste más amplio en el estado, que previamente ya había avanzado en la despenalización del aborto en el Código Penal hasta las 12 semanas de gestación. La reforma constitucional buscó cerrar el desfase legal que aún persistía.
Con este paso, el Congreso de Yucatán da por cerrado uno de los procesos legislativos más relevantes de la actual etapa política del estado, marcado por la intervención de tribunales federales y el debate público en torno a los derechos reproductivos.
Redacción: Yucatánalamano.
