La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió este sábado “no permitir que se olvide” el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y exigió que sea entregado a la justicia; en un mensaje donde defendió su rechazo a cualquier intervención extranjera en México.
En un video difundido en su cuenta de X, la panista afirmó que México vive “una crisis de confianza internacional” que, a su juicio, pone en riesgo el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; y que abre la puerta al debate sobre acciones unilaterales estadounidenses contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.
Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”; sostuvo la mandataria del estado fronterizo, investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua.
Un operativo bajo investigación federal
La controversia surgió tras un operativo antinarcóticos en Chihuahua donde murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA, cuya participación operativa no había sido informada al gobierno mexicano.
En este contexto, Campos vinculó el debate de Rocha Moya con lo que llamó la decisión del “régimen morenista” de proteger a gobernantes y funcionarios señalados por la justicia estadounidense.
Aseguró que la soberanía “no se defiende con discursos”, sino “haciendo cumplir la ley” y cortando los nexos entre política y crimen organizado.
Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”; expresó.
Washington pide la captura, México exige pruebas
El pronunciamiento se produce después de que Washington solicitara la detención y extradición de Rocha Moya, así como de otros funcionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el narcotráfico; señalamientos ante los que el gobierno mexicano ha pedido más pruebas y la FGR ha indicado que no ve elementos suficientes para una detención provisional urgente.
La mandataria estatal, quien estuvo vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, sostuvo que si México enfrentara una incursión extranjera o perdiera el T-MEC la responsabilidad sería del gobierno federal por “proteger a los señalados”. Por su parte, el oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso con fines políticos, y señala a Campos por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir injerencias desde el exterior.
Con información de EFE
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Fuente: López Dóriga Digital
