La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que instruye al sistema financiero de su país a tener una mayor supervisión de identidad para mantener o abrir una cuenta bancaria necesaria para las transferencias electrónicas de remesas, podría afectar a más de 4 millones de connacionales que carecen de estatus legal.
Expertos consultados por MILENIO destacaron que con esto se verán los migrantes obligados a usar canales no convencionales como los que se basan en blockchain o criptomonedas en las que no hay suficiente regulación y trazabilidad de los envíos.
“En la medida en que se endurezcan las reglas para acceder a los servicios del sistema bancario y financiero de Estados Unidos como es la exigencia de contar con matrícula consular, se verá en qué grado se podrá afectar el envío de remesas a México, que representan 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y son el sostén económico de más de cinco millones de hogares con montos de 65 mil 17 millones de dólares en 2024 que descendieron a 62 mil 472 mil l millones de dólares en 2025”, señaló Christian De la Huerta Ávila, Senior Economist de la institución financiera Finamex.
Detalló que, de acuerdo con la orden ejecutiva del pasado 19 de mayo, el Departamento del Tesoro deberá emitir en los próximos 60 días las advertencias y nuevas regulaciones a que deberá sujetarse el sistema financiero para abrir cuentas de extranjeros destinadas a realizar transferencias electrónicas de bajo monto u obtener créditos hipotecarios, de consumo o automotrices.
Aclaró que, aunque la orden presidencial no tiene como propósito prohibir el envío de remesas, sino cerrar los espacios para actividades ilícitas como el lavado de dinero y financiamiento criminal, si representa mayores obstáculos o rigidez para acceder a los productos financieros de quienes permanecen sin estatus legal.
Sin embargo, consideró que la medida puede resultar en todo lo contrario si las transferencias internacionales migran hacia sistemas blockchain que, por no tener suficiente trazabilidad, harán más difícil que autoridades y reguladores puedan medir flujos y su destino.
“Por ello, subrayó, lo que se requiere es esperar y actuar con cautela antes de elegir un canal no convencional, pues los reguladores seguramente tendrán en la cabeza el riesgo de fortalecer canales no totalmente oficiales que pueden ganar relevancia afectando al sistema financiero estadunidense, que en buena parte tiene soporte en las transferencias electrónicas que representan el 99.1 por ciento de los envíos a México.
“Las nuevas reglas del juego ya están sobre la mesa y lo que resta es ver si se tendrán regulaciones adicionales para no afectar al sistema bancario con la cancelación de cuentas de quienes no presenten matrícula consular, pierdan su empleo o sean deportados lo que implicaría una situación de alarma en cartera vencida por impagos o una baja en ingresos por el envío de transferencias electrónicas”, dijo.
De la Huerta Ávila previó que la orden ejecutiva no será muy estricta o de golpe debido a la simbiosis que existe entre ambos países en donde para México las remesas son muy importantes y para Estados Unidos la mano de obra de los connacionales y sus depósitos en el sistema financiero.
“Ya lo vivimos el año pasado con el impuesto a las remesas que parecía muy estricto a una tasa de 10 por ciento para luego bajarla a 5 por ciento y terminar con la resolución del Congreso en 1 por ciento aplicable sólo a las money orders y transferencias en efectivo que representan una mínima parte de los envíos”.
Las nuevas reglas
La orden ejecutiva denominada Restoring Integrity to America’s Financial System exige a los bancos endurecer la vigilancia sobre las transferencias transfronterizas de bajo monto para combatir el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento de actividades ilícitas.
Aunque la orden no prohíbe el envío de remesas, aumenta el escrutinio financiero a través de una mayor supervisión en las transacciones frecuentes al extranjero lo que implica la revisión migratoria y de identidad de los clientes.
En el texto de la orden se insta a los bancos y el sistema financiero revisar detalladamente documentos de identidad alternativos y particularmente el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) o matrículas consulares, lo cual ya ha sido rechazado por organizaciones de defensa de los derechos humanos ante el temor de que la información recopilada pueda cruzarse con agencias migratorias para localizar personas con estatus migratorio irregular.
La Casa Blanca justifica esta medida para combatir el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento criminal, argumentando que las transferencias transfronterizas de bajo monto a veces son aprovechadas por organizaciones delictivas.
El Departamento del Tesoro tiene 60 días para emitir alertas y lineamientos de la nueva orden ejecutiva que proteja a los bancos de prácticas ilícitas, así como para detectar evasión fiscal sobre la nómina por parte de los empleadores o intermediarios laborales.
La medida también incluye el uso de cuentas ficticias, empresas fantasmas o estructuras usadas para ocultar la identidad de los beneficiarios finales o la naturaleza real de la nómina, así como de empresas de servicios monetarios no registradas, procesadoras de pago de terceros o plataformas entre pares para facilitar pagos de salarios.
Sin tendencia en acelerar
El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) señala que, por la agresiva política antinmigrante de Trump, que lesiona más a los connacionales por estar más insertados a las cadenas productivas domésticas, la caída en la tasa de ahorro personal y las nuevas disposiciones para acceder al sistema financiero, el monto de remesas en este año podría ser similar al de 2025 en que se registró una caída de 4.6 por ciento con respecto a 2024.
Apunta que además de esos factores que tiene que ver con la política migratoria y los ciclos económicos de Estados Unidos, desde 2015 se ha estancado en 12 millones el número de migrantes mexicanos en el vecino país, lo que podría suponer que ya se alcanzó en 2024 el punto máximo de remesas por 65 mil millones de dólares, aunque se podría tener una mínima variación positiva ya no por el número de envíos sino por mayores montos que ahora se ubican en 380 dólares mensuales en promedio.
En contraparte al estancamiento en la diáspora de 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, se registra en los últimos años un crecimiento en el número de migrantes procedentes de Guatemala, Brasil, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia y con ello su envío de remesas que alcanzan el doble dígito frente a un crecimiento en México promedio anual de 2.6 por ciento.
Ejemplo de ello, precisa el CELA, es que en primer cuatrimestre de este año las remesas hacia Honduras crecieron 14 por ciento; a Brasil 10.9 por ciento; Guatemala, 10.3 por ciento y a El Salvador 7 por ciento.
“Esto puede sugerir que la política antiinmigrante de Trump ha tenido mayores afectaciones en la diáspora mexicana que en el resto de los migrantes de América Latina y El Caribe y de ser este el caso se podría estar enfrentando un desplazamiento de mano de obra en que los empleos perdidos o no ocupados por migrantes mexicanos son tomados por migrantes de otros países de la región”.
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Fuente: Milenio Digital
