De acuerdo con el presidente de la Sala Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Tsjey), Gerardo Chacón, alrededor del 95 por ciento de los expedientes que llegan a esa instancia judicial están relacionados con este tipo de documentos.
El magistrado advirtió que firmar un pagaré sin revisar cuidadosamente su contenido o hacerlo cuando aún está en blanco puede generar serias consecuencias legales y patrimoniales. Explicó que, en distintos casos, personas han enfrentado demandas de cobro e incluso procedimientos de embargo tras suscribir estos documentos sin conocer plenamente las obligaciones que asumían.
Ante este panorama, hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con cautela antes de firmar cualquier documento vinculado con préstamos o compromisos financieros, ya que existen casos en los que algunos prestamistas se aprovechan de la necesidad económica de los solicitantes para imponer condiciones que les resultan desfavorables.
Documento con plena validez jurídica
Chacón recordó que el pagaré es un título de crédito reconocido por la legislación mexicana, por lo que tiene fuerza legal para exigir el cumplimiento del pago de una deuda. En consecuencia, una vez firmado, el documento genera obligaciones para quien lo suscribe, aun cuando posteriormente argumente que desconocía su contenido.
Por ello, recomendó leer detenidamente cada una de las cláusulas, verificar que los montos, fechas y demás condiciones coincidan con lo acordado entre las partes y evitar firmar formatos en blanco, ya que esa práctica permite que el documento pueda ser completado posteriormente con datos distintos a los convenidos.
Riesgos en préstamos fuera del sistema financiero
El presidente de la Sala Mercantil señaló que esta problemática no se limita a Yucatán, sino que se presenta en distintas regiones del país, principalmente en operaciones de crédito realizadas al margen de las instituciones financieras.
Explicó que algunos prestamistas particulares utilizan los pagarés como garantía de préstamos informales y, en determinadas circunstancias, aprovechan la situación económica de quienes requieren recursos para establecer condiciones poco favorables.
Precisó que, si se demuestra que un pagaré fue alterado o llenado sin el consentimiento del firmante, el asunto puede derivar en investigaciones penales por posibles delitos como fraude o falsificación de documentos. Sin embargo, mientras el título de crédito reúna los requisitos legales establecidos, mantiene plena validez para reclamar judicialmente el pago correspondiente.
Llaman a prevenir problemas legales
El magistrado aclaró que, aunque los pagarés representan aproximadamente el 95 por ciento de los asuntos mercantiles que conoce el Tribunal, ello no implica que todos los casos correspondan a actos fraudulentos, pues este documento es uno de los mecanismos más comunes para formalizar obligaciones de pago entre particulares y empresas.
Finalmente, advirtió que los adultos mayores y las personas que atraviesan dificultades económicas suelen ser los sectores más expuestos a este tipo de situaciones, al recurrir con frecuencia a préstamos de pequeñas cantidades sin valorar las implicaciones jurídicas que conlleva firmar un pagaré. Por ello, insistió en que la mejor medida de protección es informarse, revisar cuidadosamente cualquier documento antes de firmarlo y buscar asesoría cuando exista alguna duda.
Redacción: Yucatánalamano.
