Los periodistas Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt fueron requeridos para comparecer en los próximos días ante un gran jurado federal en Manhattan, luego de la publicación de un reportaje que expuso inquietudes del Servicio Secreto respecto al uso de una aeronave donada por Qatar y acondicionada para funciones presidenciales. Según información difundida por el propio diario, las citaciones fueron entregadas en los domicilios de los reporteros mientras las autoridades buscan identificar el origen de la filtración.
The New York Times anunció que impugnará la orden judicial al considerar que representa una amenaza para el ejercicio periodístico y la obtención de información de interés público. La SIP recordó que en septiembre pasado también calificó como un atentado contra la libertad de prensa la demanda por presunta difamación promovida por el presidente Donald Trump contra el periódico y cuatro de sus periodistas.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que este tipo de procedimientos generan una seria preocupación al involucrar directamente a periodistas en procesos que podrían derivar en la revelación obligatoria de sus fuentes confidenciales. Señaló que este tipo de acciones afecta principios fundamentales del periodismo y puede desalentar futuras investigaciones sobre asuntos de interés público.
Manigault, quien también dirige el grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, sostuvo que recurrir a mecanismos judiciales para presionar a la prensa constituye una preocupante señal de intimidación institucional. Afirmó que cuando las autoridades utilizan este tipo de recursos se debilitan los contrapesos democráticos y se pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente.
La organización subrayó que el reportaje objeto de la investigación abordó aspectos relacionados con la seguridad del avión presidencial, un tema que considera de evidente interés público y que justifica el escrutinio informativo.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, lamentó que, en lugar de privilegiar la transparencia, las autoridades hayan optado por una investigación que expone a los periodistas a presiones legales para identificar a sus fuentes.
La también directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) afirmó que obligar a comunicadores a comparecer ante un gran jurado por publicaciones de relevancia pública resulta incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión. Añadió que la protección de las fuentes periodísticas no constituye un beneficio para los reporteros, sino una garantía indispensable para la sociedad.
La SIP recordó que la jurisprudencia internacional y los principios establecidos en la Declaración de Chapultepec respaldan el derecho de los periodistas a investigar y difundir información sin sufrir represalias. Asimismo, enfatizó que el secreto profesional es esencial para preservar el flujo de información sobre asuntos de interés público, especialmente cuando involucran temas de seguridad nacional.
Aunque las autoridades estadounidenses han señalado que los periodistas no son el objetivo directo de la investigación, la organización advirtió que las propias citaciones representan una forma de presión que podría inhibir el trabajo de la prensa y desalentar a futuras fuentes de denunciar posibles irregularidades.
La SIP también recordó que durante el primer semestre de 2026 el Departamento de Justicia citó a periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal para declarar sobre sus fuentes confidenciales. En ambos casos, tras una disputa legal, las órdenes fueron finalmente retiradas, de acuerdo con reportes periodísticos.
Finalmente, la organización señaló que en sus informes semestrales ha documentado las crecientes dificultades que enfrentan periodistas y medios de comunicación en Estados Unidos para informar con independencia sobre las acciones gubernamentales. A su juicio, este nuevo caso forma parte de una tendencia preocupante en la que las investigaciones por filtraciones terminan involucrando directamente a la prensa, con posibles repercusiones para la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
Redacción: Yucatánalamano.
