De acuerdo con el informe, en territorio yucateco fueron identificados 29 espacios considerados focos de venta de mercancía apócrifa. De ellos, 27 operan en Mérida y los dos restantes en el puerto de Progreso. La diferencia respecto a otras entidades es considerable: Tamaulipas, que aparece en segundo lugar nacional, registra únicamente 11 puntos detectados.
La investigación, titulada “Estudio sobre mercados notorios de piratería en México: identificación e impacto en las entidades federativas”, representa el primer ejercicio nacional enfocado en medir la magnitud y operación de estos centros de comercio ilegal.
Para su elaboración, el IMPI recopiló información proporcionada por autoridades estatales mediante cuestionarios aplicados entre julio y agosto de 2025. El levantamiento se realizó en 30 entidades, ya que Sonora y Veracruz no participaron en el estudio.
Comercios establecidos, el nuevo rostro de la piratería
El análisis destaca que en Yucatán la venta de productos falsificados no se concentra principalmente en el ambulantaje o en mercados improvisados, sino en establecimientos formales, muchos de ellos vinculados con mercancía de origen asiático.
Según el documento, la mayoría de los mercados identificados en México —alrededor del 68%— opera desde locales fijos. En el caso yucateco aparecen negocios como Bazar Chino, Casa China Norte, China Market Yucatán, Family City, Shangai Import y otros establecimientos dedicados a la venta de artículos importados.
El estudio señala además que en casi la mitad de estos mercados más del 50% de los productos ofrecidos serían falsificaciones, alcanzando en algunos casos porcentajes de entre 51% y 75% del inventario disponible.
Entre los sitios señalados sobresale el Mercado de San Benito, clasificado entre los cuatro complejos comerciales más grandes del país relacionados con esta problemática, junto con espacios emblemáticos de la economía informal como Tepito y la Central de Abasto, en Ciudad de México.
Un negocio multimillonario
Las pérdidas asociadas a la piratería continúan creciendo. El reporte estima que el consumo de mercancía ilegal en México pasó de 43 mil millones de pesos en 2015 a más de 63 mil millones en 2025.
El impacto alcanza también al empleo formal. Aproximadamente 70 mil puestos de trabajo estarían relacionados con afectaciones derivadas de esta actividad, especialmente en sectores como el textil, donde la competencia desleal ha golpeado a fabricantes y distribuidores legales.
Además, el 67% de los mercados estudiados reconoció afectaciones directas sobre comercios establecidos, principalmente por disminución en ventas y pérdida de clientes.
Riesgos más allá de la economía
El IMPI advierte que la piratería no solo representa un problema comercial, sino también un foco de riesgos para la seguridad y la salud pública.
En algunos mercados se detectaron vínculos con delitos como fraude, robos, riñas y actos de corrupción. Incluso, una parte de los puntos analizados mostró posibles conexiones con estructuras criminales.
El titular del instituto, Santiago Nieto, señaló que este tipo de actividades suele relacionarse con otros ilícitos, entre ellos la extorsión y prácticas de corrupción que facilitan su operación.
A esto se suman los riesgos sanitarios derivados de productos sin control de calidad, particularmente cosméticos, alimentos y aparatos electrónicos que carecen de certificaciones oficiales.
Consumo normalizado
Otro de los hallazgos del estudio es que la mayor parte de quienes adquieren productos pirata son habitantes locales y no compradores ocasionales. El 66% de los consumidores proviene de la misma entidad donde realiza sus compras.
El organismo señala que muchas personas no perciben las consecuencias económicas y legales de consumir este tipo de mercancía, situación que ha permitido que el fenómeno se normalice entre distintos sectores sociales.
Cooperación institucional insuficiente
Aunque Yucatán figura entre las entidades con acuerdos de colaboración con autoridades federales para combatir la piratería, el problema continúa creciendo.
El IMPI sostiene que enfrentar este fenómeno requiere acciones coordinadas entre gobiernos estatales, municipales y federales, además de operativos constantes de inspección y decomiso.
El caso yucateco refleja una contradicción importante: pese a los mecanismos de cooperación existentes, la entidad encabeza la lista nacional de puntos detectados de venta ilegal, lo que evidencia que las estrategias actuales no han logrado contener el avance de este mercado.
Redacción: Yucatánalamano.
