Las disposiciones aprobadas por el Congreso estatal establecen que las localidades de Punta Laguna, Villa Guadalupe, Campamento Hidalgo y Bolmay, vinculadas administrativamente con Chemax, así como Villahermosa, Cruz-Chen y San Salvador, correspondientes a Chichimilá, seguirán siendo atendidas por las autoridades yucatecas, independientemente de los criterios cartográficos utilizados por instancias federales.
Los decretos también exhortan a las dependencias de los tres niveles de gobierno a asegurar el acceso de la población a servicios esenciales como salud, educación, seguridad y programas sociales, con el argumento de que la disputa territorial no debe afectar los derechos de quienes habitan en esa región.
El diferendo entre Yucatán y Quintana Roo se mantiene vigente desde hace varios años y forma parte de la controversia constitucional 226/2019, mediante la cual se busca definir los límites en la zona del Punto Put. El litigio tiene antecedentes desde finales de la década de los noventa y continúa pendiente de una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte.
Las autoridades yucatecas precisaron que la cartografía elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene fines técnicos y administrativos, por lo que no constituye un instrumento para establecer jurídicamente los límites entre las entidades involucradas. Mientras se emite un fallo definitivo, el estado reiteró su compromiso de mantener la atención gubernamental en estas comunidades y evitar afectaciones a sus habitantes.
Redacción: Yucatánalamano.
